Peligrosos visos de autoritarismo

El pasado sábado 2 de diciembre el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), celebró elecciones para escoger a su presidente, y como es sabido, los candidatos que acudieron al certamen contaban con el respaldo de bloques de formaciones políticas. Por un lado, el que resultó victorioso, integrado por los partidos Fuerza del Pueblo, (FP) de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), de la denominada articulación partidaria RescateRD; y por otro, el frente de organizaciones políticas derrotadas, agrupadas en torno al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La madrugada del domingo se emitió el primer boletín que, con el 56 % de las mesas computadas, colocaba a Trajano Vidal Potantini en primer lugar, lo que provocó una reacción de rechazo de Yohan López, el candidato perremeísta proclamado de manera inexplicable por los altos dirigentes del partido de gobierno, incluyendo a su presidente, antes de iniciar el escrutinio. Las desavenencias escalaron tanto que el local de la comisión electoral fue asaltado por simpatizantes del letrado desfavorecido en la primera muestra del conteo y, como si no fuera suficiente, el Gobierno militarizó el lugar mientras agresiones físicas y verbales a los responsables de administrar el proceso, mostraron el nivel de irrespeto al gremio y la poca vocación democrática de los que nos gobiernan.

Entre el primer y último boletín que ratificó el triunfo de Vidal Potantini, salieron a la luz tratos clandestinos confesados por el que fuera candidato del PLD, quien reveló haber recibido 5 millones de pesos de parte del postulado por el Gobierno para que procurase la derrota de la alianza que representaba. Su confesión, hecha en un programa radial, provocó la expulsión deshonrosa de la formación a la que pertenecía. Pues resulta que los morados, como toda la oposición, saben por experiencia propia, que lo que afloró de la revelación del expulsado no es un hecho aislado, sino que constituye una práctica puesta en operación en alcandías contrarias al Gobierno; una práctica que además se extiende hacia la comunicación residual impactada por de los casi 9 mil millones de pesos destinados al silencio, la autocensura o la manipulación.

La práctica autoritaria del Gobierno del PRM, expresada en la compra de voluntades, una variante de violencia política, también opera desde el ahogamiento económico de medios de comunicación y comunicadores que optan por ceñirse a los principios éticos del oficio. Recordemos que el dictador Rafael Trujillo, ególatra con instintos empresariales, se adueñó del país, mostrando en principio, inofensivas señales de intolerancia que buscaban la adhesión al régimen por vías sutiles: no cerró al periódico Listín Diario por la vía de la fuerza. ¡No! Lo fue asfixiando económicamente con el propósito de doblegar a sus dueños que, finalmente, no pudieron mantener la voz independiente al alcance del pueblo.

Desconocer el triunfo de los opositores en los gremios, agredir a quienes reclaman y no quieren ser parte de su juego de oferta y demanda, es una parte de la deriva autoritaria del Gobierno, porque incluso ha llegado al colmo de desafiar a los tribunales de la República, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país, con lo que genera incertidumbre en los inversores y lastima nuestra economía. Pues resulta que Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, ha denunciado el desacato de 106 sentencias, -61 el Poder Ejecutivo- de ese órgano judicial, además de advertir que “las restricciones presupuestarias y las represalias políticas constituyen un atentado a la independencia de los jueces”. Hasta el lenguaje usado por el Presidente luce amenazante y fuera de la ley. De eso saben “Plumita” y “Kiko la Quema”.