El acuario no tiene agua

En una de las acciones más arriesgadas al inicio de su gobierno, Luis Abinader rompió con una tradición del poder al nombrar un ministerio público (MP) independiente, y lo hizo venciendo las resistencias de altas instancias partidarias, líderes históricos y “viejos robles” que no entendían su decisión de entregar a terceros no comprometidos con el partido, el control del ministerio público. Una decisión basada más que en promesas de campaña, en garantizar que la lucha contra la corrupción y la impunidad que Abinader había prometido, no se viera contaminada con acusaciones de persecución política.

En los hechos –y en la percepción ciudadana medida a través de encuestas–, la decisión fue la correcta. La ciudadanía valoró positivamente la instrumentación de imputaciones por parte del MP contra ex funcionarios del pasado gobierno por su presunta participación en la comisión de actos delictivos en perjuicio del Estado. El caso “Pulpo” fue el debut de ese MP en su rol persecutor de la corrupción administrativa, pero también la constatación de lo acertada que fue la estrategia presidencial de diferir esa persecución jurídica hacia una instancia considerada –y promovida– como independiente, para evitar que la misma se percibiera como persecución política, y quedara contaminada y deslegitimada, como sucedió con otros casos en administraciones anteriores.

Al “Pulpo” le siguió “Coral”, “Caracol”, “Medusa”, y finalmente, “Calamar”, y, más allá de desentrañar la obsesión marina que subyace detrás de esos nombres –que para eso ni Freud resulta suficiente–, lo que queda después del ruido mediático, los aplausos y el morbo, es una sensación de vacío e inutilidad que apenas empieza.

El MP tiene su agenda propia y certificó su independencia real frente a Luis Abinader en el caso “Medusa”, que se llevó a un ministro sin ni siquiera haber estado imputado. Esa agenda se ratifica no sólo en la persecución selectiva realizada contra exfuncionarios de la administración de Danilo Medina –y no de otras–, sino también en su inacción frente a la querella por estafa interpuesta por esta administración hace más de dos años y cinco meses, con relación al caso EDEEs.

El problema es que ahora el tiempo de los juicios no coincide con los tiempos políticos. El MP ha quedado espantanado en tecnicismos procesales; acusaciones excesivamente largas que duran meses en ser leídas; los errores inherentes a todo proceso apresurado; estructuras administrativas y operativas penetradas que obligaban a que la carpintería se redujera a pocas manos para garantizar discreción y sorpresa, etc. Ante esos hechos, el MP no tiene una sola sentencia que mostrar, sino más bien muchas medidas cautelares reversadas o desestimadas por los jueces competentes, sobre la base de que en la mayoría de los casos ha primado la prisión preventiva como norma sine qua non, y no como excepción al proceso, vulnerando el principio de que la libertad es la regla y la reclusión la excepción.

Parecería más bien que la fiebre marina ya ha pasado y que el acuario ha cerrado. No quedan peces, corales, calamares o medusas y sólo queda la sensación efímera de gratificación que produce la magia del momento, y la desilusión que anida en los que esperaban justicia.