La CIDH y el canciller

El llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que se erradique la apatridia en el país y la intención de legisladores de oposición de citar al canciller Roberto Álvarez para que aclare un acuerdo firmado con Haití en 2021 sobre las aguas del río Dajabón, colocó nuestra política exterior en la opinión pública.

Acciones, ambas, muy desafortunadas que evidencian, la de la CIDH, una reiterada –o dirigida- predisposición a presentarnos como promotores de una alegada apatridia con los nacionales haitianos amparada en las consecuencias de la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional que estableció las condiciones para la nacionalidad.

Olvida el órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos que, en un exceso de nobleza y magnanimidad, el país produjo la Ley 169-14 Ley 169-14, estableciendo un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil y un Plan Nacional de Regularización, flexible y pagado por nosotros al que ellos no respondieron.

Todo esto obviando, como vecinos bondadosos y de buena fe que hemos sido con Haití, que ningún haitiano puede ser apátrida porque su propia Constitución los protege de esa condición.

Y sobre la solicitud de los legisladores de oposición, es obvio que se busca politizar un tema que quedó formal y suficientemente aclarado mediante la nota verbal (escrita) DM-19185 del 6 de julio de 2021, firmada por el ministro Álvarez, externando nuestro desacuerdo cuando se descubrió la trampa y las reales pretensiones del entonces canciller haitiano y enemigo de República Dominicana, Claude Joseph.