Agravio institucional

“Lo que ocurra con el país, y con el mundo, depende de lo que hagamos con lo que otros nos han legado”, es la reflexión final Robert F. Kennedy en el prólogo al libro Perfiles de coraje, que mereció un premio Pulitzer a la integridad política a su hermano John F. Kennedy cuando se estrenaba como senador.

John, quien ejerciera la presidencia de los Estados Unidos desde 1961 hasta su asesinato en noviembre del 1963, entendía que la base de la moralidad humana es hacer lo debido sin importar obstáculos y peligros, contextualizaba que “la política proporciona simplemente un escenario que impone una prueba especial de coraje”.

El libro, al que me referí en una ocasión anterior, narra historias de 8 senadores norteamericanos que actuaron de acuerdos a sus principios, pagando algunos la expulsión de sus curules y excecrados en sus partidos y ciudades.

La familia Kennedy creó en l989 el Premio Pefiles de Coraje para honrar a los “herederos” de aquellos 8 legisladores, aunque Caroline, la hija del malogrado mandatario precisó que “nuestra definición colectiva del coraje se ha ampliado” y “actualmente, honramos a los que tienen el coraje para transigir, así como a quienes mantienen su rumbo”.

Este contexto de “transigir”, claro, no es el envilecimiento de autovalidación de que “en política se hace lo que conviene”, sin importar principios y compromisos.

Coraje para rectificar es asumir la impertinencia de echar adelante cargas fiscales en momento de crisis económica provocada por una pandemia, aunque los bolsillos estatales estén vacíos.

Asimismo, transigir con el reclamo nacional para que los miembros de los órganos extrapoder no sean dirigentes del partido oficial. Y la designación de una procuradora general a la que no se le pueda dar órdenes políticas.

También en el contexto de riesgo, caben el restablecimiento de relaciones con Cuba y la formalización diplomática con China, pese al recelo estadounidense, en los gobiernos peledeistas.

El PLD (Fernández) en 2010 impulsó una magnifica reforma constitucional, en la que resalta la creación de un Tribunal Constitucional “cuyas decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Y de inmediato, ¡Dios!, las violaciones: administrativos de la Presidencia que no son ministros, militares al frente del ministerio de Defensa, careciendo de derechos políticos y la acumulación de decenas de desacatos a decisiones del TC, que parece ladrar a la luna en la exigencia del respeto constitucional.

El gobierno del presidente Luis Abinader hereda la mayoría de las violaciones, pero se producen desacatos en su administración, lo que agudiza la erosión institucional.

El colmo es que la Presidencia de la República es la segunda en la comisión de desacatos, después de la Policía Nacional (que niega recursos a huérfanos de policías asesinados) y el ministerio público, parte del sistema de justicia, ocupa un nada honroso tercer lugar.

¡¿Cómo es posible?! Explíquele eso a un alemán, suelo decir en radio y televisión. ¿Dónde queda la cacareada seguridad jurídica?

Figuran, según la publicación del TC (a falta de capacidad coercitiva) numerosos ministerios y direcciones generales y entidades privadas.

El gobierno no tiene excusas, aunque sea en gran parte una herencia y en algunos casos tenga consecuencias presupuestarias o que implique a odiosas figuras, cuyo impacto de reintegración sería similar a la explosión de San Cristóbal.

¿Nosotros somos los pendejos que tenemos que cargar con eso?, reprochó un perremeista, a lo que contesté: ustedes se comprometieron a cambiar lo malo.

Abinader, que creo que leyó el libro, debe asumir el consejo del séptimo presidente norteamericano, Andrew Jackson: un hombre de coraje hace una mayoría.