Médicos y afiliados al SDSS, ¿en un juego tipo prisionero?

Suspender los servicios de consultas y procedimientos electivos de carácter público y privado a todo dominicano urgido de salud no es aceptable como medida de presión sindical orientada a incrementar la posibilidad de obtener beneficios propios, para los realizadores de las huelgas que el Colegio Médico Dominicano (CMD) promueve y realiza en el territorio nacional.

Menos en los sistemas de salud y de seguridad social, regidos por leyes y normas en cuya formulación el CMD participó, consintiéndolas. Cortos de visión, los directivos de la Asociación Médica (AMD) de entonces despreciaron o no se agenciaron las asesorías necesarias cuando el proyecto de ley que concluiría en la 87-01 era redactado, promovido, propuesto al Congreso y discutido. Un proceso transcurrido desde el año 1994, cuando el tema empezó a adquirir relevancia; al 1996, cuando Balaguer la dejó sin tocar sobre su escritorio; al 2000, cuando Leonel Fernández no la había refrendado y hasta el año 2001 cuando fue definitivamente aprobada y promulgada.

En la revista “TodoCerca”, primer órgano impreso gratuito de circulación masiva (25 mil copias, entonces), que quien suscribe creó en 1998, se editorializó al respecto, señalando que era imposible oponerse a las mejoras que el proyecto de ley de seguridad social significaría para los dominicanos, advirtiendo a la vez que constituiría una fuente de enriquecimiento creciente —con goteo diario, decíamos entonces— para las entidades que resultaran beneficiadas con su intermediación. Las directivas de la entonces AMD, más que enfocarse en ese proyecto de Ley ahora 87-01 y esencial para la calidad de vida de sus afiliados, estaban obnubilados con otra: la de Colegiación Médica, 68-03, promulgada el 19 de febrero del 2003, ¿un chupete alucinante, de consolación?

Entretanto, quienes promovieron la 87-01 armaban la arquitectura y soportes del nuevo sistema y los lideres médicos, en cambio, “en belén con los pastores”.

En la piedra de esa Ley, quienes formaban las ARS privadas se aseguraron de tallar el articulado que garantizaría sus intereses y supervivencia, algo hoy difícil de cambiar, a menos que nuestra sociedad, íntegra, ocupe la Plaza de la bandera o el Congreso diga ¡basta ya! Por tanto, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), el CMD y los afiliados carecen de recursos legítimos contra los derechos consagrados en la 87-01 a favor de las ARS y las AFP.

Entonces, ¿el CMD es “vox clamantis in deserto”? Ni sus agremiados están dispuestos a romper, al unísono, sus contratos de servicios con las ARS.

Si este gremio demanda —como afirma— mejores condiciones laborales en hospitales que “han colapsado”, debe dialogar al respecto con el SNS.

Si deseara ampliar el Plan Básico de Salud otra vez, con el Ministro de Salud Pública.

Y si cuantificar sus opciones de mejoría en el SDSS, con la Sisalril.

Legítimamente, muy poco más. También podría preguntarse: de los RD$24.37 mil millones que por encima de lo recibido en el 2021 las ARS ingresaron en el 2022, ¿cuánto fue un regalo de aquellas huelgas médicas contra las ARS?

Juego tipo prisionero: si no huelguean, las ARS ganan; si huelguean, las ARS ganan mucho más.