Un país a la deriva frente a un gobierno desbordado por su incompetencia

El más reciente desvarío de la actual gestión de gobierno fue el relativo al programa de medicamentos de alto costo. El actor principal fue el director de compras y contrataciones, cuando tuvo la insensatez de afirmar que dicho programa se ha hecho insostenible, por lo cual no puede continuar operando.

Su argumento se fundamentaba en que dicho programa resulta muy costoso; que alcanza un gasto anual de 8 mil millones de pesos, el cual debe ser asumido por las administradoras de riesgo de salud (ARS), o por una ley especial de adquisición de medicamentos.

Frente a eso, las protestas fueron continuas. Diversos sectores expresaron su rechazo, por la falta de sensibilidad, solidaridad y espíritu humanitario. Llegó a tal extremo el repudio nacional a tan desatinadas declaraciones, que hasta el ministro de Salud tuvo que, rápidamente, enderezar el entuerto. En su estado de desesperación, la narrativa oficial construida fue la de que, en lugar de eliminar el programa, lo que procedía era ampliarlo, ya que esos 8 mil millones de pesos resultaban insuficientes para atender toda la demanda.

La discrepancia pública entre funcionarios del actual gobierno, ante un aspecto tan delicado como atender a pacientes con enfermedades crónicas o catastróficas, pone de manifiesto lo que en algún momento el actual gobierno ha reconocido como una de sus principales debilidades: la falta de planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas.

Obviamente, si un gobierno no es capaz de realizar esas tareas básicas, fundamentales de la gestión pública, es porque se reconoce a si mismo como incompetente, torpe e ineficaz.

Pero, igual puede decirse en las distintas circunstancias en las que las actuales autoridades han decidido adoptar una medida, y frente a la reacción adversa de algún sector de la vida nacional, han procedido rápidamente a dejar sin efecto sus disposiciones iniciales.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, entre otros, con el controvertido proyecto de ley de trata de migrantes; el de la creación de un fideicomiso para la termoeléctrica Punta Catalina; el del plan de reforma fiscal; el del proyecto de ley de presupuesto del 2021; y el de combate a la ciberdelincuencia.

En fin, un gobierno desorientado, pusilánime, con falta de determinación y más preocupado por los likes de Facebook e Instagram que por diseñar y aplicar políticas de Estado en beneficio de la población.

Negligencia peligrosa

El pasado día 7 de este mes de julio, una grave tragedia tuvo lugar. Un joven de 23 años murió y otros tres jóvenes turistas que le acompañaban, resultaron heridos al caer sobre el río Camú el vehículo en el que se desplazaban por el puente del Cangrejo, en el tramo carretero Montellano-Sosúa, en Puerto Plata.

A decir verdad, ese accidente nunca debió haber ocurrido. Fue, sin exageración, fruto de la dejadez y negligencia del gobierno; y esto así, debido a que a principios del mes de abril del 2022 se hizo viral un video que mostraba desde entonces el deterioro del referido puente del Cangrejo.

Debido a eso, un equipo técnico del gobierno realizó una evaluación a fin de determinar la gravedad de la situación. Al concluir su estudio, recomendó a Obras Públicas tomar medidas urgentes de intervención inmediata, a fin de prevenir y salvaguardar vidas, debido al alto riesgo que presentaba.

Las autoridades se comprometieron a la restauración del referido puente para octubre del 2022. Sin embargo, al llegar la fecha, la obra ni siquiera había sido iniciada. Por eso, al cumplirse un año de su afectación, el pasado mes de abril, los lugareños, de manera irónica, le celebraron por todo lo alto, con biscocho y vejigas, un cumpleaños a la ineficacia gubernamental.

Ahora, al ocurrir el trágico accidente que ha estremecido a la comunidad puertoplateña, la presidencia de la República anuncia que la referida obra de infraestructura quedará terminada para el mes de diciembre de este año.

Ojalá esta vez se cumpla la promesa.

Entre apagones, alza de tarifas y falta de agua

Durante el transcurso de este mes de julio, los apagones no han dado tregua a los moradores de distintas localidades del país. Tienen lugar en el Cibao, en las provincias del Sur, en las del Este y en el Gran Santo Domingo.

A veces, la falta de servicio eléctrico dura hasta 7 y 8 horas de corrido. Con razón, diversas comunidades, como Santa Rosa y los Cocos, en Bonao; o en barrios como Los Mina, Katanga y Vietnam, manifiestan su descontento o inconformidad.

Consideran que ha habido un retroceso respecto de un servicio que, hasta hace poco, había logrado satisfacer la demanda, en distintos circuitos, de 24 horas continuas.

Se ha sostenido que las interrupciones eléctricas en el país se han debido a averías, mantenimiento y trabajos técnicos, en algunas subestaciones. Pero, la opinión pública se ha sentido burlada cuando autoridades del sector han señalado que los apagones que ocurren en estos días tienen un gran culpable: el calor.

En ese sentido, el retraso que se ha experimentado ha llegado tan lejos que hace recordar los viejos tiempos en que se sostenía que los apagones se debían a las chichiguas y capuchines que se enredaban en los cables eléctricos. El caso se torna más grave debido a que la tarifa eléctrica se ha incrementado y la compra de inversores y baterías se ha disparado, en medio de los apagones “provocados por el calor”.

Pero al tiempo que los apagones castigan a la población, continúa también el déficit de agua potable. Esto último teniendo lugar en forma funesta en lugares como Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Los Girasoles, Pantoja, 24 de Abril y zonas aledañas.

Todo eso, paradójicamente, a pesar de que ha habido un incremento de la producción de agua potable, que ronda los 373 millones de galones por día.

No ignoramos que la generación de agua potable se ha visto afectada por el periodo de sequía que inició en el mes de noviembre del año pasado. Sin embargo, ha habido abundantes lluvias en los últimos tiempos y la escasez del líquido en múltiples ocasiones se debe, no a la escasez, sino a la incapacidad de las autoridades para corregir las fugas de agua que se producen por tuberías rotas u otras averías.

En la actualidad, residentes de todas partes del país lucen despavoridos, desesperados, con el grito al cielo, por falta de agua y luz.

En fin, un país a la deriva frente a un gobierno desbordado por su manifiesta incompetencia.