Reforma integral del Código Civil Dominicano
El Derecho Civil es todo ese andamiaje legal que regula las relaciones civiles entre las personas, ya sean éstas físicas o jurídicas. Es el eje alrededor del cual giran los aspectos fundamentales del ciclo de vida de las personas: nacimiento, matrimonio, fallecimiento, adquisición de bienes, obligaciones y, en fin, todo aquello que determina nuestra personalidad y relaciones jurídicas. Todos los actos que llevamos a cabo a lo largo de nuestra existencia están determinados, de una manera u otra, por el Derecho Civil.
El Derecho Civil, originado en Roma y sistematizado y codificado por los franceses, es el derecho común que se aplica de manera supletoria siempre que en una situación determinada encontremos un vacío legal. Es por esto que a menudo nos encontramos con una cláusula en los contratos que nos remite al derecho común ante situaciones no previstas. Es la fuente de donde se han nutrido todos los demás derechos: comercial, laboral, penal. Contiene una serie de pautas que sirven de fuente para determinar las formas jurídicas que hemos de adoptar en el desarrollo de nuestras actividades económicas, y las herramientas para solucionar los conflictos que se generan en ocasión de éstas.
Nuestro Código Civil es herencia de ese Código Civil francés promulgado por Napoleón. Fue adoptado por nuestro país en el 1884, durante la ocupación haitiana, es decir, lleva 130 años de aplicación, aunque se le han introducido algunas modificaciones importantes. A través de estos años se han aprobado un sinnúmero de leyes que han ido modificándolo parcialmente. Entre las reformas más importantes aplicadas al Código podemos citar la Ley No. 189-01 sobre los regímenes matrimoniales, la recién promulgada Ley No. 4-23 sobre actos del estado civil que deroga la Ley No. 659 que modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil, entre otras modificaciones no menos importantes que han sido incorporadas a lo largo de estos años y que han permitido actualizar parte de su articulado. Sin embargo, la gran mayoría de sus disposiciones resultan ya desfasadas y obsoletas, siendo cada vez más que evidente que no se corresponden con los avances y el desarrollo social y económico de la sociedad dominicana, lo que hace imprescindible su adaptación a las nuevas realidades que vive la sociedad actual, a los cambios económicos y sociales que vive hoy la República Dominicana.
El 27 de febrero de 1997, mediante un decreto del Poder Ejecutivo fue designada una comisión encargada de la revisión y actualización del Código Civil Dominicano, dando como resultado un proyecto de reforma integral que significaría una gran transformación en la legislación. Materias como la regularización de aspectos de la vida de las personas que ya habían sido reconocidos de hecho por la jurisprudencia como, por ejemplo, la unión marital de hecho, estipulándose todo un régimen legal para estos casos. Se establecieron puntos vitales para nuestra vida en sociedad, como son la violencia física y sicológica como una de las causales de divorcio. En materia comercial, se incluyeron avances importantes como es la validez legal en los contratos celebrados a través de medios electrónicos, entre otras disposiciones de verdadera trascendencia. Ahora bien, este proyecto tiene ya más de 20 años de haber sido presentado, por lo que debe ser revisado, actualizado y, sobre todo, adecuado a las leyes que se han aprobado con posterioridad a su presentación. Es necesario integrar todas aquellas decisiones que han sido adoptadas a través de las sentencias que han emitido los tribunales y que tienen carácter jurisprudencial.
Nuestro congreso tiene aquí una responsabilidad que no debe seguir obviando. Es una realidad impostergable abocarse a una completa, minuciosa y necesaria adaptación a nuestra realidad social de este esencial instrumento legal. El país se merece un instrumento moderno que vaya acorde con los avances tecnológicos, científicos, sociales y económicos que vive hoy la República Dominicana. Es por todas estas razones, tanto en mi rol de abogado como de ciudadano común, hago un llamado a nuestras laboriosas autoridades legislativas a dar prioridad a esta muy esperada propuesta de ley y que la misma sea promulgada este año.
El autor es abogado