La candidatura de Abinader ante las claves y riesgos de la política vernácula

La candidatura presidencial de Luis Abinader, hoy mejor posicionado, es todavía hipotética, pues no ha sido declarada. De hacerlo el 17 de agosto, 2023, ingresaría al territorio competitivo minado por el fuego cruzado de las conductas racionales, intereses y posibilidades reales, a esperar de los actores políticos y sociales.

Todo poder democrático vigente lo está desde que asume el control administrativo del Estado, experiencia que la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) empezó a sufrir al concluir los cien días de gracia, el 27 de noviembre, 2020.

En la cultura vernácula, tal coyuntura se caracteriza por fuertes rasgos. El primero: el concepto de zafra, derivado de nuestra historia productiva. Aquí, la oportunidad estacionaria (ciclos cuatrienales) se presenta como vía de incrementar la productividad y rentabilidad a favor de la ciudadanía y todos los sectores: económicos, políticos, religiosos...

El segundo: el ocultamiento de los verdaderos fines con los que cada actor político o institucional participa en los procesos electorales: la política real, el objetivo de cuota de poder pre definido.

El tercero: el factor magnético que ante el universo de actores con fuerzas minoritarias, ideológicamente desancladas y con pretensiones de incrementar su participación en el reparto político/administrativo, adquiere el cliente oficial durante los diferentes momentos del proceso electoral.

El cuarto: la minusvaloración de la importancia y probabilidades de éxito de la candidatura dominante como factor propagandístico.

Quinto: la articulación de silogismos discursivos auto complacientes, orientados a radicalizar las huestes.

Y sexto: la variabilidad coyuntural, efecto de los desempeños del sistema político, la función pública y sus distintos actores e instituciones ante las imponderables, riegos y oportunidades, donde las promesas —instrumentalización política de la esperanza de mejoría de la gente que sustenta la alternabilidad democrática como factor que acredita la gobernanza y la gobernabilidad— posee un alto impacto en un economías donde, según la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), finalizando febrero del 2023, el sector público acogía al 28.37% de los empleados formales cotizantes al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), representando el 35% de los ocupados por la actividad económica “servicios”, cuyos contribuyentes al SDSS representan el 81.59% del total (2,258,419) a esa fecha. Aspecto relevante, además, por la superioridad del sueldo público respecto del privado.

Por primera vez en la historia política dominicana, el oficialismo enfrentará el reto de una empleomanía dividida dada la conquista laboral que a los fines políticos propios los gobierno anteriores se concedieron, dejando garantizada, mediante los “empleados de carrera”, una nómina electoralmente cautiva oscilante entre 20%-25% del total de empleados públicos. Esta cuota podría impedir un comportamiento electoral relativamente invariante —como en el pasado— en la masa laboral del gobierno.

A esto debemos agregar otras fuentes de riesgo: 1ro) la masa laboral desvinculada: actuaría, monolítica, contra las opciones oficiales; 2do) las posibilidades de articular el fortalecimiento de las esperanzas en el terreno “empleo oficial” de la lucha política siempre reduce las posibilidades oficiales.

Situaciones, “tradiciones” e “innovaciones” que los estrategas políticos oficiales habrán de optimizar para robustecer las oportunidades electorales del Presidente Abinader, si decide postularse para el 2024-2028. La más importante: las gobernabilidades institucionales. Hacer mucho este año.