El conflicto de la política monetaria

El objetivo fundamental y único como política monetaria del Banco Central, según lo establece la ley monetaria, es el de mantener la estabilidad de precio, manejando la posesión en el público y en los bancos, del monto de dinero líquido emitido. En algunos bancos centrales todavía, como existía en nuestra original ley monetaria, se establecen también otros objetivos como los de empleo y crecimiento económico. En nuestro caso, estos otros fueron eliminados de la actual ley monetaria, y dejado solo el de la estabilidad de precios, como único objetivo a cumplir por las autoridades monetarias, ya que esta estabilidad es un elemento básico para impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Estos últimos objetivos deben de ser promovidos, por las autoridades ejecutivas y legislativas. Hace unos días que las autoridades monetarias decidieron modificar su postura de política monetaria reduciendo la tasa de política en 50 puntos de 8.50 a 8.00%, después de haber mantenido sin variación la misma desde el mes de octubre pasado. Este límite del 8.50% de tasa llegó después de comenzar siendo aumentada en sucesivos puntos incrementales de un nivel mínimo de 3.00% desde finales del año 2021, siendo de los primeros bancos centrales en iniciar el aumento de dicha tasa, junto con la reducción de efectivo en poder del público y los bancos, para combatir una inflación que había sido provocada por diversos factores externos e internos. La inflación comenzó a reducirse desde un máximo de 9.64% en abril del 2021, hasta 5.13% en abril del 2023, y la inflación subyacente que es la que mide más el efecto monetario, todavía su tasa se mantiene por encima de la total en 5.83%. En los últimos dos años la tasa de inflación total se redujo en 47%, impulsada esta reducción con el aumento de las tasas de política durante un año, junto a la reducción de efectivo en manos del público y de los bancos.

En cuanto a sus observaciones a seguir para definir sus decisiones futuras en relación a la aplicación de sus políticas, consideramos que las autoridades monetarias deben de observar detenidamente el comportamiento del sector externo cuyos componentes, algunos de ellos, comenzaron a modificar la orientación de sus resultados en el último trimestre, como es el caso del valor de las exportaciones que decrecieron. Por lo que, si la demanda del dólar, por efecto del aumento del gasto doméstico, aumenta por encima de la oferta del dólar, la presión se sentirá sobre las reservas internacionales y sobre la tasa de cambio en el mercado de divisas. Estas modificaciones de orientación, ya que el peso se ha apreciado en varios puntos porcentuales durante el último año y medio, podría provocar expectativas no deseadas que luego podrían afectar la tendencia descendente de la tasa de inflación. Siendo este cambio de tendencia un posible escenario de cambio de postura, pues la siguiente observación es que, según la medida del World Inequality data base, el 1% de la población dominicana acapara el 30% de los ingresos y el 10% el 60%, una de las distribuciones más inequitativas del mundo según dicha publicación. Por lo que es imperativo para las autoridades mantener una política auspiciadora de la mejor distribución del ingreso y del menor impacto en los niveles de la pobreza, ya que el incremento en los precios si afecta negativamente el 100% del ingreso de los asalariados, reduciendo su poder adquisitivo, recibiendo un 70% de estos asalariados el salario mínimo, mientras solo un 10% de la población es que recibe el 60% de los ingresos y riquezas que genera el crecimiento económico en el país. Es cierto que en manos de las autoridades monetarias no está dentro de sus objetivos funcionales el de resolver la perversa distribución del ingreso en el país, sino que es una política que depende de las autoridades políticas, ejecutivo y legislativo, al auspiciar con sus posiciones mediatizadas, mercados monopólicos y oligopólicos en el área de bienes y de servicios, que impiden que los precios se manifiesten a la baja por efecto de la política monetaria y factores externos, pues estos precios son manejados por uno o pocos ofertantes de bienes y servicios que no permiten que aumente la cantidad de empresas operando en sus respectivas áreas de influencia. No obstante esto, existe una ley de la competencia que combate esta práctica dañina, con la que los gobiernos desde que fue aprobada en el 2008 como un instrumento del Estado, de regular los mercados para que estos se manejen eficientemente en beneficio de la población, han asumido una posición pasiva e indolente en su aplicación.