De cuentos...

Con la admisión de ingobernabilidad que hiciera el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Janel Ramírez, y cual si fuese una tragicomedia, se adiciona otro capítulo de escarnio en la historia de su institución.

Dentro de sus múltiples funciones, la CCRD, que tiene aval constitucional, es una herramienta de control para las acciones del Estado, definida por la Ley Orgánica 10-04, que la crea, como un órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio nacional.

Sin embargo, en los últimos años, la CCRD, compuesta de cinco miembros, en pugna permanente, ha estado preñada de escándalos de toda índole, y no ha estado a la altura de las expectativas ni de las necesidades de la causa anticorrupción. Se recuerda que desde el 2007 al 2021 y con dos cuestionados plenos -destitución de uno de ellos incluido- la entidad ha navegado entre denuncias de groseras alzas salariales, irregularidades en auditorías realizadas y sobretodo, feroces pugnas entre sus miembros. Para algunos analistas, lejos de combatir lo mal hecho, la CCRD ha actuado como un muro de contención para proteger a políticos corruptos.

Sin embargo, la razón por la cual se ha hecho tan difícil encontrar la armonía entre los miembros de la CCRD paradójicamente está en su propia Ley que ordena al Senado revisar el desempeño de sus titulares para su ratificación cada dos años, manteniendo encendida la mecha de la crisis. Urge pues, que el Congreso resuelva ese problema. Primero, modificando la Ley, y segundo, destituyendo al actual pleno que ante los ojos nacionales ya ha perdido su principal activo que es la credibilidad.