La esplendente posición de un Estadista

Transparente, vigorosa, solidaria y consecuente con los principios hemisféricos que garantizan los derechos inherentes de la paz, de la convivencia civilizada y del respeto a la condición humana, ha sido la posición asumida por el Presidente Luis Abinader frente al doloroso drama de la crisis haitiana. 

Se trata de abordar una inviabilidad institucional, producto de una descomposición de factores estructurales, que comprometen los procesos de estabilidad y respeto a valores nodales de existencia jurídico político de las naciones. 

Corresponde abordar una problemática dolorosa con un sentido exponencial de fundamentos institucionales, de clara y objetiva visión de equilibrio regional y corporativo. El Presidente Abinader en su comparecencia a la nación el pasado 27 de febrero del año en curso enfatizó: “… enviar un solo mensaje, a partir de los postulados iniciales de la política exterior: no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití; los problemas de Haití deben resolverse en Haití, mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida, que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los que más deben y pueden, entre los países más desarrollados”. ¿Habíase visto en nuestra historia reciente la exposición de un concepto de salvaguarda de nuestros atributos históricos y humanos más claro y preciso que las palabras del presidente Abinader? 

Este conciso y claro ejercicio del criterio ha sido ratificado por nuestro Canciller Roberto Álvarez quien en una intervención en la sesión del Consejo de Seguridad sobre Haití, de la Organización de Naciones Unidas, haciendo hincapié en la problemática asumida de la crisis haitiana, puntualizó: “ La soberanía del Estado conlleva la obligación de proteger a su propio pueblo. Cuando un Estado no puede hacerlo plenamente y se pone en peligro la paz y la seguridad de una región, esta responsabilidad corresponde a la comunidad internacional. Se deben emplear los medios diplomáticos, humanitarios y de cualquiera otra índole dentro de su competencia”, agregando: “Por nuestra parte, el Gobierno dominicano ha dispuesto prohibiciones de entrada a un número de ciudadanos haitianos con el fin de salvaguardar nuestra seguridad e integridad territorial, y de esta forma apoyar los esfuerzos del Consejo de Seguridad. 

El caso que nos ocupa no requiere mayores evidencias. Cualquier decisión que evada una asistencia efectiva urgente para Haití, medida propia y exclusiva de esta Organización, por mandato de su Carta y el Derecho Internacional, podría considerarse una abdicación de su responsabilidad”.

“Lo dijimos en el pasado en este Consejo de Seguridad y lo reiteramos el día de hoy, la situación en Puerto Príncipe es comparable a la de un conflicto armado interno, salvando la diferencia en este caso sobre la calificación de beligerante. De hecho, estamos presenciando hoy, la disolución del Estado haitiano… Este concepto es tajante en cuanto puntualiza que toda decisión de asistencia efectiva urgente para Haití en medio de una virtual inhabilitación institucional, que sea evadida o pospuesta, medida propia y exclusiva de esta Organización por mandato de su Carta y el Derecho Internacional “podría considerarse una abdicación de su responsabilidad”.

Brilla alto en el contexto de la relaciones internacionales la vigorosa posición de República Dominicana, expresada por el Presidente Abinader y ratificada por el Canciller Álvarez, en defensa de valores y categorías de la comunidad de naciones, apegada a conceptualizaciones jurídicas, historicas, sociales y humanas.