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DR-Cafta. Hablemos claro

No hay que ser un experto en comercio internacional para suponer que cualquier tratado de libre comercio entre dos o más países supone pactar períodos dentro de los cuales las partes concernidas puedan hacer las adaptaciones necesarias en sus respectivos países (normativas, económicas, institucionales, estructurales, etc.) que faciliten su gradual entrada en vigencia -cuando lo reclamen las circunstancias de uno, varios o todos los países tratantes-, la verificación de su eficacia y la ejecución de obligaciones, llegado cada término. Es, más o menos, lo que en derecho de las obligaciones se denominaría un contrato de ejecución sucesiva y pactado a término y condición.

Con relación al DR-CAFTA, el sector arrocero de la República Dominicana viene -desde hace un tiempo- pegando el grito al cielo por los perjuicios que va a crearle la entrada en vigor del compromiso que permitirá importar arroz desde Estados Unidos de América; arroz que, indudablemente, podría venderse en el mercado dominicano a un precio con el que nuestros productores del cereal jamás podrán competir. Y, como era de esperarse, ya el propio presidente Luis Abinader ha prometido a los arroceros su concurso para evitar que ello ocurra.

Cualquiera que observe superficialmente la cuestión podrá creer que el DR-CAFTA versa de manera exclusiva sobre el comercio del arroz. Pero resulta que un tratado casi nunca versa sobre un solo aspecto. Y, en la especie, se trata de un acuerdo con varias causas y múltiples objetos.

Con todo, quizá esto no sea decididamente relevante, y lo verdaderamente importante sería determinar por culpa de quién o quiénes estamos metidos es este atolladero y si es correcto crearles a los arroceros la expectativa de que existe posibilidad (jurídica o política) de evitar el daño que se espera; todo ello porque es tiempo ya de que al pueblo se le ayude a identificar el o los que, con sus malas decisiones, lo perjudican.

¿En qué período presidencial se firmó ese tratado? ¿Fue el gobierno de turno suficientemente precavido, inteligente y honesto al hacerlo? ¿Se previó poner al sector arrocero en condiciones menos vulnerables a la hora de su entrada en vigor? ¿Quién dejó de hacer qué, y cuándo? ¿Cuál es la posibilidad de elusión que tiene el gobierno respecto a ese punto del tratado, si alguna, y el rango de “anulación o menoscabo” que implicaría con relación a los demás países y sus respectivas expectativas? Estos interrogantes debe responderlos el gobierno. Es tiempo. Hablemos claro.

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