manifestaciones
Sindicato de trabajadores gubernamentales denuncia despido masivo de empleados en El Salvador por protestar
Un total de "42 compañeros (...) fueron notificados de su despido, ellos pertenecen al sector salud", declaró la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúniga.
Bandera de El Salvador.
Medio centenar de trabajadores gubernamentales de El Salvador fueron despedidos luego de que se manifestaron el pasado sábado contra la reducción del presupuesto en salud y educación, informó este jueves una fuente sindical.
Un total de "42 compañeros (...) fueron notificados de su despido, ellos pertenecen al sector salud", declaró la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúniga, durante una rueda de prensa.
Zúniga dijo que en el gremio de maestros ella fue la primera de nueve despedidos.
"Están tocando al sector sindical y a los trabajadores, por lo tanto rechazamos contundentemente estas acciones del Gobierno", subrayó.
El Gobierno no se había pronunciado sobre la denuncia de los despidos hecha por sindicalistas.
El sábado, un millar de médicos y maestros se manifestaron en San Salvador para exigir al presidente Nayib Bukele que mantenga el pago de un aumento salarial por categorías o años de servicio, suprimido en el proyecto de presupuesto del Estado para 2025.
Ese pago es el único incentivo que tienen maestros y personal público de salud.
Los despedidos acudirán a instancias locales e internacionales para demandar justicia, adelantó la dirigente sindical.
Sobre el despido de la maestra Zúniga, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, expresó su "preocupación" en la red social X.
"El ejercicio a la libertad de asamblea pacífica no debe ser castigado, mucho menos la acción de líderes sindicales", enfatizó Romero.
Una comisión del Congreso analiza un presupuesto general del Estado para el próximo año que asciende a 9,663 millones de dólares.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, sostuvo que el pago del escalafón en educación y salud implicaría un desembolso anual de 50 millones de dólares, demasiado "oneroso" para las arcas del Estado.