Guatemala se defiende en ONU de críticas a violaciones DDHH
El Estado de Guatemala se defendió el martes ante la ONU de las críticas nacionales e internacionales ante reiteradas violaciones a los derechos humanos, durante el Examen Periódico Universal en Ginebra, en Suiza. Ante los señalamientos por criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, el país dijo que ha tomado acciones para mejorar la situación.
Tras la presentación del informe de país que hicieron los funcionarios guatemaltecos, la comunidad internacional comenzó a manifestar su preocupación en el foro público por la situación de grupos vulnerables como el de mujeres o la comunidad LGBTIQ+, así como por los casos de persecución y criminalización a jueces y fiscales que investigaron corrupción y la violación al derecho de libertad de expresión y prensa. También recalcaron la realidad de pobreza y violencia que rodea a mujeres, niñas y niños.
Países como Francia, Alemania, Costa Rica, Italia, España, entre otros, mostraron su preocupación por la criminalización de operadores de justicia y pidieron al Estado tomar acciones en contra.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei unos 30 operados de justicia se han exiliado en otros países denunciando que son perseguidos por haber investigado actos de corrupción y delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra en el país entre 1960-1996.
Ramiro Contreras, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, encabezó la delegación guatemalteca que estaba conformada por funcionarios y empleados de gobierno y de Estado, por diputados y por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Contreras hizo un recuento de las medidas que ha implementado Guatemala y aseguró que los avances en materia de DDHH en el país se reflejan en las estadísticas macroeconómicas y sociales, cifras a las que no se refirió.
“Guatemala es pionero en la región en la atención a poblaciones vulneradas en sus derechos con la puesta en marcha a través de un enfoque sistémico de tres modelos de atención a víctimas”, dijo en referencia a los protocolos que sirven para dar atención y asistir a niños y adolescentes a quienes le son vulnerados sus derechos, a los temas en materia de justicia penal juvenil y al de mujeres víctimas de violencia.
En cambio, el representante de España destacó la falta de cumplimiento efectivo de algunas recomendaciones del examen anterior y recomendó “tomar medidas para garantizar el respeto a la independencia judicial y fiscal, con el fin de que puedan llevar su labor sin presiones externas”.
En temas de nutrición, Contreras recalcó que durante los tres años de gobierno de Giammattei se elevó el presupuesto para la atención a este tema de 830 millones de dólares alcanzó los 1.303 millones de dólares.
En materia de migración, uno de los rubros que preocupa a la comunidad internacional, Contreras dijo que en 2020 inició a funcionar el Instituto Nacional de Migración y que desde entonces ha brindad refugio y protección a 2,406 migrantes de otros países.
La delegada de Rusia se unió a las recomendaciones y recordó que la violación a los derechos humanos en el país es complicada debido a la impunidad, los altos índices de criminalidad y la ausencia de mecanismos de protección.
Una de las críticas en materia de derechos humanos ha sido que el Congreso guatemalteco lleva tres años sin elegir nueva Corte Suprema de Justicia, ni magistrados de apelaciones, y que el sistema ha sido señalado por favorecer a políticos acusados de corrupción. Los defensores de DDHH denuncian que esto fomenta la impunidad.
El diputado guatemalteco Boris España, sancionado por EEUU por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país, fue el encargado de representar al Congreso en Naciones Unidas. Defendió que se ha cumplido con lo requerido como agendar la discusión para elegir cortes, pese a que esto está pendiente. España también dijo que se elevó en un 100 por ciento el presupuesto a la Procuraduría de Derechos Humanos, entidad a cargo de recibir denuncias de violaciones.
Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, uno de los entes estatales más criticados, dijo que todas las denuncias que ingresa a la institución son recibidas e investigadas. Sin embargo, es a dicha institución a quien los operadores de justicia exiliados y defensores de DDHH responsabilizan de la criminalización.
Pineda fue sancionado en septiembre de 2021 por el gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país y le retiró la visa de ingreso a aquel país.
El Examen Periódico Universal evalúa cada 4,5 años la situación del país en materia de DDHH y posteriormente rinde un informe final que se presenta en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala UDEFEGUA, dijo a The Associated Press que si se evalúa a Guatemala entre luces y sombras, estás últimas sobresalen pues hay serios retrocesos en la protección a los DDHH.
“Guatemala ha realizado pocos esfuerzos que, en un país donde reina la impunidad, se han venido cayendo, incluso los actores que van en representación del Estado guatemalteco son gente señalada, se han dicho mentiras en su informe, sobre todo acciones en materia de educación, sistema de justicia...”, dijo Santos.