La Corte IDH declara “en desacato permanente” a Nicaragua
Daniel Ortega
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró el martes en “desacato permanente” al Estado de Nicaragua por incumplir resoluciones del tribunal respecto de 46 opositores presos por razones políticas en el país.
La medida de la Corte IDH consta en una resolución de medidas provisionales emitida en San José, Costa Rica, donde tiene su sede.
El organismo interamericano reprocha “la efectiva inobservancia” por parte de Nicaragua de lo ordenado, según detalla en su pronunciamiento, en las resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
Ese comportamiento contradice “el principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal”, lo cual coloca “en una situación de desprotección absoluta” e incrementa “la situación de riesgo” de los detenidos, agregó.
La oposición nicaragüense y organismos humanitarios han cifrado en 219 los “presos políticos” que hay en Nicaragua. De ellos, 46 reos de conciencia son defendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió a la Corte IDH el pasado 9 de noviembre que declarase al país en “desacato” en una sesión del tribunal en la que el gobierno de Daniel Ortega volvió a ausentarse.
La mayoría de esos 46 presos están recluidos en la cárcel policial conocida como El Chipote en Managua desde hace más de un año.
En su pronunciamiento del martes, la Corte IDH también instruyó al presidente del tribunal para que informe al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), además, sobre la “desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales”.
Urgió al Consejo Permanente de la OEA para que “dé seguimiento al incumplimiento de las medidas provisionales” por parte de Nicaragua, según la resolución que fue notificada ya al Estado de Nicaragua, a la CIDH, a los representantes de los beneficiarios y a las autoridades de la OEA.
A la sesión del 9 de noviembre sí asistieron algunos familiares de opositores presos, como el ex aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, el periodista Miguel Mendoza, el sociólogo Irving Larios y la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto, que expresaron “preocupación” por su salud y por “su deterioro físico y psicológico”.
Según Wendy Flores, abogada del Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 38 de los 50 presos que están en El Chipote tienen enfermedades agravadas por el encarcelamiento. La mayoría de los detenidos fueron condenados por “terrorismo” y “conspiración”, en juicios “arbitrarios” donde los mismos policías fueron utilizados como “testigos”, añadió.
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con una serie de protestas sociales en abril de 2018. La revuelta fue sofocada por policías y paramilitares sandinistas con un saldo de 355 muertos, más de 2,000 heridos, 1,600 detenidos y al menos 100,000 exiliados, en su mayoría refugiados en la vecina Costa Rica.