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BID presenta plan para garantizar cobertura legal en la vacunación anticovid

Foto AP.

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El BID presentó este jueves un instrumento para garantizar la cobertura legal durante la campaña de vacunación contra la covid-19 en Latinoamérica y el Caribe, tanto para Gobiernos como para farmacéuticas, ante la preocupación expresada sobre cláusulas de indemnización que conllevan costes de responsabilidad civil.

Según indicó en conferencia de prensa el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, en plena campaña de adquisición de vacunas, algunos Gobiernos, como el peruano, le transmitieron su preocupación por el hecho de que las farmacéuticas incluían en sus contratos cláusulas de indemnización que les exponían a costes de responsabilidad civil.

Con el anuncio de hoy, el BID complementa su programa de financiación de mil millones de dólares para ampliar la vacunación en Latinoamérica con una garantía de cobertura legal que debería limitar la exposición tanto de Gobiernos como de farmacéuticas en esta primera fase de inmunización.

"Lo que hemos hecho es identificar las barreras financieras para crear un instrumento financiero innovador que ayude a la región. Es el primer instrumento de garantía de este tipo jamás creado, que garantiza los términos y condiciones, así como contingencias y responsabilidades para los países y las farmacéuticas", explicó Claver-Carone.

Según el presidente del BID, esta iniciativa puede suponer "un gran cambio" al eliminar las barreras a la implantación de la vacuna y servirá para acelerar la inmunización en toda la región, que pese a representar menos del 10 % de la población mundial supone más del 25 % de las muertes por Covid-19.

Este programa servirá inicialmente a los nueve países que se han acogido al programa de mil millones para la financiación en la adquisición y puesta en marcha de la logística necesaria para la vacunación: Argentina, Belice, Bahamas, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y Trinidad y Tobago.

En la rueda de prensa, Claver-Carone también celebró la nueva legislación admitida a trámite en el Senado de Estados Unidos para ampliar la capitalización del banco de desarrollo desde los 12,000 millones de dólares a 20,000.