COVID-19 deja en segundo plano el escándalo Odebrecht en Perú

El escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, que dominaba la agenda en Perú desde 2017, quedó eclipsado por la pandemia del nuevo coronavirus, aunque ha resurgido puntualmente por los pedidos de libertad de políticos que temen contraer COVID-19 en prisión.

La solicitud más emblemática es la de la líder opositora Keiko Fujimori, que debe dilucidarse este martes en una audiencia judicial virtual, a un año de las elecciones presidenciales y legislativas.

Pese a una racha de pedidos de libertad, el caso Odebrecht, que salpica a cuatro expresidentes, quedará relegado del debate político en los próximos meses, según analistas.

"El escándalo Odebrecht quedará en un segundo plano por un buen tiempo", dice a la AFP el analista Fernando Rospigliosi, para quien el tema será superado ampliamente por las secuelas que dejará la pandemia.

El caso reapareció el lunes con la denegatoria de cese de prisión preventiva a la exalcaldesa socialista de Lima Susana Villarán, aunque sin captar la atención de un país que vive confinado desde el 16 marzo.

La solicitud abrió la interrogante de si es pertinente, en el contexto de la pandemia y el hacinamiento en las prisiones, mantener detenidas a personas investigadas, no condenadas.

"Sin distingo de color político, la gente que cumple prisión preventiva debe ir con arresto domiciliario", dice a la AFP el analista Augusto Álvarez, columnista del diario La República.

La justicia debe otorgar ese beneficio a Villarán, a Keiko y a su exbrazo derecho Jaime Yoshiyama, afirma Álvarez, un pertinaz crítico de Fujimori.

La COVID-19 ha dejado al menos siete presos muertos y más de 40 infectados en las hacinadas cárceles peruanas. También 26 guardias penitenciarios han dado positivo al virus.

"Los pedidos de levantar la prisión preventiva deberían acogerse, porque hay detenidos que están aún sin acusaciones y va a tardar mucho tiempo en concretarse una", señala Rospigliosi.

Existe el riesgo de que los investigados contraigan el virus, lo que podría afectar los casos y matar a presuntos inocentes.

"La situación de las cárceles es crítica", destaca Rospigliosi.

Keiko Fujimori, de 44 años, cumple 15 meses de prisión preventiva desde el 29 de enero por una investigación de la fiscalía por supuesto lavado de activos por aportes ilícitos que habría recibido de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Sin embargo, el rechazo a la excarcelación de Villarán (de 70 años y enferma de lupus) no parece ser buena señal para Keiko.

Viaje congelado

La cuarentena nacional, con cierre de fronteras, congeló los planes del equipo especial de fiscales que iría en mayo a Brasil a interrogar a exdirectivos de Odebrecht en Perú.

Además, el juicio oral al expresidente Ollanta Humala (2011-2016), que debía comenzar en julio, quedó también paralizado.

"Odebrecht ya no va a tener el rol preponderante que tuvo", asegura Rospigliosi.

El cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario al exalcalde limeño Luis Castañeda, el 5 de marzo, fue el último hecho relevante antes de la emergencia sanitaria, decretada el 11 de marzo.

En el corto plazo "el coronavirus significa una postergación importante sobre las investigaciones de corrupción de Odebrecht, va a haber demora en el caso", subraya Álvarez.

La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también abogó por la libertad de su padre de 81 años por el coronavirus, pero las autoridades la rechazaron.

Cuatro exmandatarios

El escándalo de las constructoras brasileñas salpica a cuatro expresidentes peruanos y a decenas de políticos y exfuncionarios.

El dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se pegó un tiro en la cabeza el 17 de abril de 2019, cuando iba a ser detenido, mientras que Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) tuvo que renunciar por este escándalo y está en arresto domiciliario.

Humala y su esposa estuvieron nueve meses presos, y ahora esperan juicio.

El también exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), detenido en Estados Unidos desde julio de 2019 por un pedido de extradición a Perú, obtuvo arresto domiciliario, al alegar que podía contraer COVID-19.

Exjefes de Odebrecht colaboran con la justicia desde 2017 y han aportado testimonios y pruebas contra los políticos peruanos.