Ella lucha contra el cáncer. Su hijo lucha para que no la deporten

Es algo que pasa muy a menudo: detienen por una infracción de tránsito a un inmigrante sin autorización para estar en el país, este termina en detención y al poco tiempo, lo deportan de Estados Unidos. En el caso de Tania Romero, una madre hondureña de cuatro a la que recientemente arrestaron en Georgia, podría ser deportada en unos cuantos días.

Pero su caso no es tan común. Romero ha estado recibiendo tratamiento para un cáncer de boca etapa IV que requiere atención continua. Además, tiene un hijo, un estudiante de doctorado en la Universidad de Yale que también está en el país sin permiso legal, pero quien no se iba a quedar con las manos cruzadas.

“Yo crecí en este país. Mi madre es la razón principal por la que estoy en una escuela como Yale”, dijo su hijo, Cristian Padilla Romero, en relación con la campaña pública que ha comenzado a fin de obtener la libertad de su madre.

“Ella me guio, lidió con tres trabajos para mantenerme”, dijo Padilla Romero, que tenía 7 años cuando llegó a Estados Unidos.

Su campaña ha estado dirigida a sus compañeros estudiantes, profesores, miembros del Congreso y el público en general. Una petición en línea que comenzó el 29 de octubre ha reunido más de 20.000 firmas. Una campaña de GoFundMe ha recabado más de 21.000 dólares. La difícil situación de su madre fue el tema de un artículo en The Yale Daily News y de publicaciones en redes sociales sobre la defensa de los inmigrantes en el país.

Padilla Romero por ahora está exento de ser deportado gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA por su sigla en inglés, que es una especie de indulto temporal para los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de niños sin documentos.

Muchos de los beneficiarios del programa, conocidos como “dreamers”, han usado su estatus legal temporal y sus habilidades para las redes sociales y la organización política a fin de arrojar luz sobre las acciones de las autoridades de inmigración, las cuales quizá antes jamás se habrían hecho del conocimiento del público.

En Yale, los compañeros de Padilla Romero le han ayudado a crear estrategias, exigiendo la liberación de su madre por medio de llamadas telefónicas a los miembros del Congreso en Connecticut y Georgia y solicitudes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o ICE, por su sigla en inglés), la agencia que está intentando deportarla.

“Cuando surge algo así lo dejas todo”, dijo Joshua Aiken, estudiante de doctorado en historia y estudios afroamericanos que preparó un guion para cuando los estudiantes de Yale llamaran a ICE por teléfono. “Todos los días se destruyen familias debido a políticas de deportación crueles y carentes de ética, así que, en cuanto Cristian me contó lo que le pasaba, tuvimos que movilizarnos”.

Alicia Schmidt Camacho, titular de la cátedra de etnicidad, raza y migración de Yale, dijo que Padilla Romero, quien es su alumno, había tomado la decisión de formarse como académico en estudios de Centroamérica para atender la causa de la crisis por la que están pasando las familias de inmigrantes no autorizados.

“Ahora está usando sus propias dificultades para sacar a la luz el efecto devastador que la deportación tiene en nuestras comunidades”, dijo.

Tania Romero, de 48 años, cruzó la frontera de manera ilegal hace dos décadas y crio a sus cuatro hijos en Atlanta, haciendo malabares con sus tres empleos (a veces todos al mismo tiempo) de empleada doméstica, lavaplatos y auxiliar de lavandería. Después de unos años, obtuvo un trabajo de tiempo completo en la industria de la construcción.

Al parecer, ICE le envió una orden de deportación en 2008, porque no se presentó a las audiencias que tenía programadas en el tribunal de inmigración. Pero, gracias a una solicitud amparada por la Ley por la Libertad de la Información, su hijo obtuvo documentos donde se constata que aparentemente ella no había recibido ninguno de los tres avisos para comparecer en la corte. El Servicio Postal de Estados Unidos había devuelto las cartas a ICE.

Si bien Romero sabía que estaba en el país de manera ilegal, su hijo sostiene que ella no se enteró de que tenía una orden de deportación pendiente hasta que la aprehendieron a mediados de agosto de este año, luego de que fue detenida mientras conducía en el condado de Gwinnett, Georgia.

En 2016, Romero recibió un diagnóstico de cáncer de boca etapa IV. Se sometió a cirugía y a quimioterapia, lo cual le lastimó la mandíbula e hizo que perdiera varios dientes.

“En general le cuesta mucho trabajo comer, y nos preocupa sobre todo su salud mientras está detenida, pues no recibe ninguna consideración especial”, dijo Padilla Romero.

No tiene una necesidad apremiante de medicamentos especiales, dijo, pero sí necesita atención médica que no está recibiendo.

Funcionarios de ICE afirmaron que no podían comentar el caso. “Debido a restricciones de privacidad, ICE no puede hacer comentarios sobre el caso de Tania Romero”, dijo Lindsay Williams, una vocera de la agencia.

La postura general de la agencia ha sido que los inmigrantes sin autorización no tienen derecho automático a quedarse en el país, incluso en el caso de personas que están recibiendo un tratamiento médico que les podría salvar la vida. Ha sido una prioridad del presidente Trump acabar con la inmigración ilegal y tomar medidas en contra de los que viven sin permiso en Estados Unidos.

La campaña de Padilla Romero ha empezado a cobrar impulso. Julián Castro, candidato demócrata a la presidencia, compartió la petición en Twitter. Y la congresista demócrata Lucy McBath, de Georgia, que representa el distrito de Padilla Romero, está trabajando muy de cerca con la familia, informó su oficina.

Sin embargo, el 30 de octubre, Padilla Romero se enteró de que ICE se había comunicado con las autoridades de Honduras para obtener documentos de viaje que harían posible que su madre fuera deportada al final de esta semana.

Según su hijo, ella ya faltó a una consulta con el oncólogo. En Honduras, no le van a dar el cuidado que necesita.

“Enviar a mi madre de regreso a Honduras sería una sentencia de muerte. No vamos a dejar de trabajar hasta que sea liberada”, sostuvo Padilla Romero.