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JUSTICIA

Denuncian fiscales y procuradores de cortes viven en apartamentos incautados de Torres Crystal

El abogado José Lora Castillo dijo que el primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está a la espera de que la PGR dé el visto bueno a un acuerdo sobre Torre Crystal para ser entregado a los afectados y víctimas, pero que los fiscales estarían retrasando el convenio

el abogado Jorge Lora Castillo, representante legal de uno de los propietarios de los inmuebles, habla ante la prensa.

El abogado Jorge Lora Castillo, representante legal de uno de los propietarios de los inmuebles, habla ante la prensa.

Los apartamentos de la Torre Crystal, ubicada en el ensanche Naco y que se encuentran incautados están siendo usados por fiscales y procuradores de cortes, denunció el abogado Jorge Lora Castillo, representante legal de uno de los propietarios de los inmuebles.

El jurista dijo que el primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está a la espera que la Procuraduría General de la República dé el visto bueno a un acuerdo sobre la Torre Crystal para ser entregado a los afectados y víctimas, pero que los fiscales estarían retrasando el convenio.

Lora Castillo dijo que esa respuesta de la Procuraduría ha sido imposible obtenerla a pesar de que no debe tener mayor interés por los que los propietarios creen que está siendo usufructuado por procuradores de corte y fiscales.

Sostuvo empero, que la situación fue puesta en conocimiento de la procuradora general de la República, Miriam German Brito.

Señaló que ha arribado un acuerdo, que ha tomado aproximadamente dos años concretizar que incluye la entrega a los afectados de los apartamento, pero que sin embargo a pesar de que todos los inversionistas están conformes con el mismo, no ha podido realizarse, en espera de una supuesta autorización del Departamento de Persecución del Ministerio Público.

Indicó que el tribunal apoderado del caso ha aplazado varias veces la audiencia en espera de la solución alterna al conflicto, donde todas las partes están contestes y que solo están a la espera que la Procuraduría dé su visto bueno.

El jurista dijo que se niega a creer que esa actitud de los fiscales sea lo que esté impidiendo la salvaguarda los derechos de los afectados.

Manifestò que la obra fue financiada por la Corporación de Crédito Oriental S.A., acusados de un fraude que según los querellantes sobrepasa los 1,600 millones de pesos.

Los imputados en este caso son Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba.

“Desde agosto del 2013, la Superintendencia de Bancos realizó varias revisiones en la Corporación de Crédito Oriental, detectando en cada una de ellas irregularidades, que representan 20 sanciones administrativas y otras penales, expresa el Ministerio Público.

La acusación precisa que la entidad de intermediación financiera le otorgó un préstamo en dólares a la empresa Torre Crystal, por el monto de 14 millones 565 mil dólares y detectó que los pagos que se hacían a dicha empresa los imputados los usaron para su beneficio.

La entidad no contaba con un control sobre sus activos fijos, se hacían contratos de préstamos sin la autorización y sin contar con la firma del deudor, certificado financiero con el membrete de la Financiera Oriental y no suministraba información para la inspección del órgano regulador.

Contra el Consejo de Administración de la Financiera Oriental, S.A., y Corporación de Crédito Oriental, S.A. se habían presentado decenas de querellas.

Precisó que la entidad se dedicaba a la captación de recursos en dólares, lo que les está prohibido a las Corporaciones de Crédito así como a los Bancos de Ahorros y Crédito, según lo establece el artículo 42, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.

En agosto del 2018, la Superintendencia de Bancos asumió el control de la Corporación de Crédito Oriental S.A. para garantizar los depósitos de los ahorristas, luego que detectara irregularidades en la entidad financiera.