justicia
Paro de fiscales provoca otro aplazamiento a medida de coerción de profesor acusado de violar menor
Es el segundo aplazamiento que se produce con relación a este expediente, provocado en esta ocasión, ante el paro de los fiscales en reclamo de reivindicaciones
Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
Fernando Altagracia Peña Eusebio, el profesor de escuela básica del batey La Siria acusado de abusar a una estudiante menor de edad, deberá esperar al miércoles 4 de diciembre para que se conozca la medida de coerción que solicitó el Ministerio Público en su contra.
Es el segundo aplazamiento que se produce con relación a este expediente, en esta ocasión es por el paro de los fiscales en reclamo de reivindicaciones, las cuales van desde pedimentos de ascensos, aumentos salariales o un sistema de pensiones.
En las motivaciones de la medida coercitiva se busca que el maestro de idiomas sea recluido mediante la prisión preventiva, vistas las afirmaciones del Ministerio Público de abusar sexualmente de la alumna durante tres meses.
Además de este, las autoridades señalan como implicado a su primo y profesor de matemáticas Alejandro Roberto Bello Matos, que permanece prófugo, y presuntamente habría violentado a la menor en unas tres ocasiones cuando ambos se encontraban en la iglesia.
Tías de la menor presuntamente violada por profesor piden justicia
Fue el 21 de noviembre cuando se levantó el acta de arresto contra Peña Eusebio, a raíz de la orden autorizada por la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís que es el juzgado donde se conoce la medida.
La calificación jurídica trata las violaciones a los artículos 330, 331 y 332 sobre atentado al pudor, además del 396 y sus temas A, B y C, de abuso contra niños, niñas y adolescentes.
Reclamo de los fiscales
Los miembros de fiscalía se agruparon en las afueras del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, de quienes sirvió como portavoz Chanel Dessi Gómez, citando que los reclamos se realizan bajo derechos que por ley han adquirido.
Dijo que las bases de la protesta están contenidas en sentencias del Tribunal Constitucional y el Administrativo, ordenando que se cumplan las reivindicaciones solicitadas, que, en sus palabras, no cumplen el Poder Ejecutivo o "las autoridades máximas" de la Procuraduría General de la República.