La DNI, crónica de un error anunciado

Con elecciones municipales en 18 días, y presidenciales y congresuales en 109, todo es político y todo se decodificará en esa clave. Visto así, cualquier acción o inacción –tanto del gobierno como de la oposición–encontrará aprobación o rechazo en función de la filiación o simpatía partidaria de cada quien. En esa lógica, más allá de criterios racionales o medibles, pesará más lo pasional al momento de hacer juicios de valor sobre cualquier iniciativa, porque es mucho lo que se juega en febrero; ya sea que el gobierno gane y la oposición pierda… o al revés.

La discusión generada en torno a la promulgación por parte del presidente Luis Abinader de la ley 1-24, –que crea la Dirección Nacional de Inteligencia–, el pasado 15 de enero, más allá de lo jurídico, también queda atrapada en la dinámica electoral. Dicen que culebra no se amarra en lazo pero si se atrapa en trampa. El gobierno decidió buscarse el lío –unilateral, extemporánea e inexplicablemente–, toda vez que el mandato constitucional del 2010 podía esperar hasta después de mayo; pero no, al más alto nivel, no sólo el control de constitucionalidad no fue efectivo, sino que el comunicacional ignoró todos los semáforos en rojo y pisó el acelerador a fondo.

Sobre la mesa, una obviedad que se quiere ignorar: que la ley es necesaria e importante; como también es evidente que toda ella no es un despropósito constitucional, sino una pieza legislativa que requiere mejoras en redacción, precisiones y ediciones de algunos artículos. Debajo de la mesa, una oposición que quiere desligarse de lo que el acta de votación atestigua, porque sin sus votos no habría sido aprobada. Como marco de todo, un error del gobierno que la oposición quiere (legítimamente) aprovechar, aunque para ello tenga que desdecirse a sí misma; porque es más fácil endosar toda la culpa a un presidente que promulgó un texto endosado con los votos de casi todos los partidos; que, o bien reconocer que la aprobaron sin leer; o bien evidenciar que estaban de completamente de acuerdo.

A dos semanas la intensidad de la discusión no ha disminuido, todo lo contrario; a ella se han sumado medios de comunicación, la Sociedad Interamericana de Prensa, ONGs, academias, iglesias, la mayoría de abogados expertos en derecho constitucional, gremios empresariales, etc.; de tal suerte que el presidente Abinader, lejos de reaccionar con la intención anti democrática que algunos pretenden atribuirle, lo hizo como hasta ahora lo ha hecho cada vez que siente el clamor público sobre algún tema; esto es, llamando al diálogo y mostrando disposición y apertura hacia la rectificación.

La discusión jurídica generará oportunidades de subsanación de errores conceptuales y de redacción que no debieron ocurrir, pero lo secundario siempre será opacado por lo principal, y lo importante es que, más allá de la legislatura cerrada y de tecnicismos procesales, el gobierno está dispuesto a enmendar cualquier error y hacerlo rápido, ya que tiempo tiene poco, porque ese fuego mediático hay que apagarlo pronto y no deben quedar cenizas.