Las faltas que cometieron miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, según comisión investigadora

Alteración de actas, el archivo ilegal de informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, la mala ejecución de los fondos públicos, el incumplimiento de sus funciones y la usurpación a las atribuciones del presidente de la entidad, Janel Ramírez, son algunas de las faltas que cometieron los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas (CCRD), en el ejercicio de sus funciones.

Así lo indicó el informe final que rindió la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó las fallas de los miembros del pleno de la CCRD, luego de analizar las entrevistas que le fueron realizadas el pasado dos de junio a cada uno, individualmente, y de revisar los documentos que fueron aportados.

La señora Elsa María Catano Ramírez, quien es la actual vicepresidenta de la CCRD, además, Tomasina Tolentino de Mckenzie, la secretaria del pleno, junto a Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, ambos miembros del pleno, les imputan en el informe una serie de flagelos con los que podrían ir a un juicio político.

Las faltas que cometió Elsa Catano Ramírez

A la actual vicepresidenta de la CCRD, la comisión especial le imputa la alteración de actas, al firmar algunas resoluciones sin que el pleno las haya conocido, leído y aprobado, en franca violación a los procedimientos legales y reglamentarios.

Una de esas resoluciones es la ADM-2022-12, que fue elaborada con posterioridad e introducida irregularmente en el acta del pleno anterior con fechas alteradas y sin que el tema estuviere contenido en agenda, “ya que el tema en agenda era la modificación de la resolución ADM-2022-004 y el tema decidido fue la resolución ADM-2002-005”, es lo que se lee en el informe.

De igual forma, la comisión especial le imputa a la funcionaria haber participado en la celebración de una sesión del pleno de la CCRD constituido ilegalmente y haber votado en la adopción de decisiones relativas al nombramiento y revocación de desvinculación del personal de la institución.

La servidora pública incurrió en usurpación de las atribuciones del presidente de la CCRD, Janel Ramírez.

Le señalan el haber delegado a Adriana Castillo las competencias que correspondían a Norvin de Bergés, director de la Dirección de Análisis Presupuestario y haber remitido información al Congreso Nacional, como actas y videos parciales clasificados, no certificados y no solicitados, en franca usurpación de las atribuciones del presidente del pleno.

Asimismo, la comisión especial le imputa haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, sin contar con la verificación de si la ejecución presupuestaria de los órganos y entes del Estado se ajustó a la Ley de Presupuesto General del Estado de los años indicados, y sin verificar el cumplimiento de la normativa constitucional y legal.

En ese mismo orden, le imputan haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional de los años 2020, 2021 y 2022, sin los informes estar acompañados de los resultados de las auditorías practicadas durante esos años.

Además, la elaboración del proyecto de presupuesto de la CCRD de los años 2022 y 2023, sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes del propio órgano fiscalizador, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Catano Ramírez también incumplió sus funciones como vicepresidenta. Primero, al no cumplir con el Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, debido a que se aprobaron 79 auditorías, sin embargo, ejecutaron 10.

Similar ocurrió en el año 2022, en el que se aprobaron 88 auditorías y solo se realizaron dos.

“El incumplimiento se generó por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros”, indica la comisión especial.

Catano Ramírez incumplió sus funciones al ejecutar un presupuesto de manera deficiente, por la misma razón de los conflictos existentes a lo interno.

El informe señala que “al ejecutar del presupuesto aprobado para el año 2021, ascendente a la suma de RD$ 1,674,250,000, solo se ejecutó un 54%, o sea, la suma de RD$ 910,700,000, con un sobrante de RD$ 763,550,000”.

Mientras que para el año 2022, le fue aprobado un presupuesto de RD$ 1,474,248,087, y solo se ejecutó un 68%, es decir, RD$ 999,629,511, con un sobrante de RD$ 474,618,576, “lo que implica que al 31 de diciembre de 2022 acumularon la suma de RD$ 1,296,007,207, de los cuales RD$ 500,000,000 están en un certificado financiero, que ha generado aproximadamente la suma de RD$ 30,000,000, por concepto de intereses, lo cual evidencia una pésima ejecución presupuestaria de la actual Cámara de Cuentas”, puntuó el informe.

Faltas de Tomasina Tolentino de Mckenzie

La comisión especial le imputa a Tomasina Mckenzie un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones como secretaria del bufete directivo del pleno, “al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la CCRD”, lo que ha provocado una crisis institucional, debido a las diferencias que sostienen los miembros del órgano constitucional.

La secretaria, del mismo modo que la vicepresidenta, usurpó las funciones del presidente de la CCRD, al disponer el cambio de horario para la prestación de servicios de Leyton Mejia y José Ramón Rubén, y al remitir información al Congreso Nacional, actas y videos parciales clasificados, no certificados y no solicitados.

También, al solicitar a la Dirección General de Persecución de la Corrupción Administrativa que le comparta el listado de las auditorías que dieron lugar en el 2021 a la confiscación de documentos en la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo que establece el informe de la Comisión Especial.

A Tolentino de Mckenzie, le son señaladas parte de las mismas faltas que cometió la vicepresidenta.

Por ejemplo, la comisión especial le imputa que alterara actas, al firmar algunas resoluciones sin que el pleno las haya conocido, leído y aprobado, como sucedió con la resolución ADM-2022-12.

También en el informe se mencionan las actas de las decisiones del pleno PL-X-2023-005, del 27 de abril de 2023, en la que se agregaron decisiones no tomadas por el pleno, con el fin de eliminar del informe del Congreso Nacional los votos disidentes de Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente y Mario Arturo Fernández Burgos, miembro.

Del mismo modo que a Catano Ramírez, a la servidora pública se le imputa el incumplimiento de sus funciones al ejecutar un presupuesto de manera deficiente y el incumplimiento del Plan Anual de Auditorías debido a conflictos internos existentes.

También haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020, 2021 y 2022.

Asimismo, la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Mario Arturo Fernández Burgos

En cuanto a Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, la comisión especial establece en el informe que “rechazó y archivó de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban”.

Fernández Burgos también habría votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.

El informe puntea unos 10 expedientes: La auditoría a las informaciones financieras en los estados de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario, así como la Auditoría a las informaciones financieras en los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Ganadería (Digega).

También la investigación especial a la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA).

Figura en la lista la auditoría practicada al manejo de los fondos entregados por la Junta Central Electoral al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y las auditorías a los estados de ejecución presupuestaria de los ayuntamientos de Villa Altagracia, en la provincia San Cristóbal y de Cotuí, en Sánchez Ramírez.

Igualmente, el conocimiento de informe de auditoría Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MEPyD).

La comisión especial agrega la auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA).

El informe indica que la actuación de de Fernández Burgos “viola los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la Ley, continuidad del Estado, el debido proceso, eficacia y objetividad, para conocer de los informes de auditorías de los cuales estaba apoderado”.

Fernández Burgos también incumplió sus funciones al ejecutar un presupuesto de manera deficiente, por la misma razón de los conflictos existentes a lo interno.

“Al ejecutar del presupuesto aprobado para el año 2021, ascendente a la suma de RD$ 1,674,250,000, solo se ejecutó un 54%, o sea, la suma de RD$ 910,700,000, con un sobrante de RD$ 763,550,000; mientras que para el año 2022, le fue aprobado un presupuesto de RD$ 1,474,248,087, y solo se ejecutó un 68%, es decir, RD$ 999,629,511, con un sobrante de RD$ 474,618,576”, dicta el documento.

También quebrantó sus funciones por el incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, debido a que se aprobaron 79 auditorías, sin embargo, ejecutaron 10.

Además, tras haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020, 2021 y 2022.

Asimismo, la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Imputaciones a Elsa Peña Peña

Entre las faltas que se mencionan, que cometió la funcionaria Peña Peña, se le imputa la asignación ilegal de los fondos públicos por haber propuesto y favorecido con su voto el pago de una indemnización en ocasión de la “solicitud de desvinculación” del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas, en franca violación a las disposiciones legales.

También la comisión especial dijo que usurpó las funciones del presidente de la CCRD, al disponer el traslado de una unidad administrativa a otra dentro de la institución, a Endry Mel Calderón Paulino.

A la funcionaria le adjudican un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, “al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración del órgano fiscalizador, que ha provocado una crisis institucional, debido a las diferencias que sostienen los miembros”.

Como al funcionario Fernández Brugos, a Peña Peña la comisión se le señala por “rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban”.

También habría votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes, de acuerdo con el informe rendido por la Comisión Especial.

Similar a los miembros anteriores, la comisión investigadora le imputa la alteración de actas, al firmar algunas resoluciones sin que el pleno las haya conocido, leído y aprobado, en franca violación a los procedimientos legales y reglamentarios.

Igualmente, haber participado en la celebración de una sesión del pleno de la CCRD constituido ilegalmente y haber votado en la adopción de decisiones relativas al nombramiento y revocación de desvinculación del personal de la institución.

El documento establece que incumplió sus funciones “al ejecutar un presupuesto de manera deficiente e incumplir el Plan Anual de Auditorías debido a conflictos internos existentes”.