Janel Ramírez asignó fondos y archivó auditorías de manera ilegal, según informe de diputados

La comisión especial creada en la Cámara de Diputados para investigar presuntas faltas graves de los miembros de la Cámara de Cuentas presentó en un informe las imputaciones a cada integrante del pleno del órgano fiscalizador, mismas por las que pide sean sometidos a un juicio político.

Al presidente de esta institución, Janel Andrés Ramírez Sánchez, la comisión encabezada por el legislador Rogelio Genao Lanza le señala por “rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban”.

De acuerdo con el documento, el funcionario también habría votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.

Entre los expedientes citados en el informe figuran auditorías financieras a la Comisión Hípica Nacional Hipódromo y Centenario y a la Dirección General de Ganadería.

Así como informes de investigaciones especiales a la Federación Dominicana de Ajedrez, auditorías a los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Villa Altagracia y del Ayuntamiento de Cotuí.

En esa lista de expedientes se incluye un informe de auditoría practicada al manejo de los fondos entregados al Partido Reformista Social Cristiano por la Junta Central Electoral entre enero y diciembre de 2016.

Igualmente, el conocimiento de informe de auditoría financiera de los ministerios de Energía y Minas, entre enero de 2015 y diciembre de 2016 y Economía, Planificación y Desarrollo, entre enero de 2016 y diciembre de 2017.

Entre los diez expedientes citados por la comisión investigadora también se añade una auditoría financiera al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) correspondiente al periodo entre enero de 2012 y diciembre de 2013, así como otro informe financiero a la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (Semma) entre enero de 2016 y diciembre de 2017.

Según el informe de comisión, la actuación de Janel Ramírez constituye una violación de la Constitución de la República y a los reglamentos de la Cámara de Cuentas.

¿De qué se le acusa?

Al titular del órgano fiscalizador también se le acusa de haber incumplido sus funciones “por ejecución presupuestaria deficiente” al ejecutar solo un 54% del presupuesto aprobado para el año 2021 y solo un 68% del aprobado para el pasado año 2022.

“Lo cual evidencia una pésima ejecución presupuestaria de la actual Cámara de Cuentas, generada por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros, lo que se ha comprobado en las remisiones del órgano de control externo de los informes al Congreso Nacional de los años 2021 y 2022”, dicto el informe.

Ramírez incumplió el Plan Anual de Auditoría correspondiente a 2021, en el cual se aprobaron 79 auditorías y solo se ejecutaron diez. Mientras que el año siguiente fueron aprobadas 88, ejecutándose únicamente dos.

Las acusaciones contra el presidente del órgano fiscalizador se agravan al acotar que este asignó fondos públicos ilegalmente favoreciendo con su voto el pago de una indemnización en ocasión de la “solicitud de desvinculación” del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas.

Incumplimiento de funciones

Por otro lado, la comisión especial le imputa a Ramírez faltar a sus funciones “al no convocar la cantidad de sesiones del Pleno que dispone el ordenamiento jurídico, lo cual ha impactado negativamente la productividad de la Cámara de Cuentas”.

También se le señala por no incluir en las agendas de las sesiones del pleno “temas sustantivos como informes de auditorías e investigaciones especiales, otorgándole prioridad a temas de carácter administrativo”.

De acuerdo con el documento, de los 702 temas tratados en el pleno, solo el 6% corresponden a informes de auditorías.

Janel Ramírez habría, además, elaborado el proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas en los años 2022 y 2023 "sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados", lo cual está prohibido por la ley.

La Comisión Especial le imputa haber votado a favor de la aprobación de informes remitidos al Congreso Nacional sin contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de 2020 y 2021.

El documento concluye adjudicando nueva vez al funcionario el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones “al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la Cámara de Cuentas”.