Una política de destrucción masiva de documentos se inició en la Procuraduría luego de las elecciones de 2020, dice acusación
Foto de archivo.
A mediados del mes julio y principios de agosto del año 2020, durante la transición de gobierno luego de las elecciones presidenciales de la fecha, el Ministerio Público sostiene que como parte de una política del exprocurador Jean Alain Rodríguez, y con la intención “no dejar información”, en la Procuraduría General de la República se instaló una máquina trituradora dando inicio a un operativo de destrucción masiva de los documentos públicos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones de la entidad.
Con datos sostenidos en el documento de acusación formal contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodriguez y otros 62 implicados en la operación Medusa, el Ministerio Público alega que instrumento incriminatorio era dirigido por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes y habría durado un periodo de tres semanas.
“Para este operativo de destrucción de documentos públicos se instaló una máquina trituradora, la cual fue utilizada, primero en la oficina del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes, donde reposaban los documentos públicos en original y copias, de los procesos de compras, para lo cual se instruyó a los técnicos en compras Jeniffer Paola Sánchez Rodríguez, Marleny Pérez y el acusado Francis Ramírez Moreno”, describe el expediente.
El archivo continúa dictando qué luego el proceso de destrucción masiva fue trasladado a la oficina de Amelia Escaño, donde fueron instruidos los técnicos de compras Jenniffer Maricet Peña Hernández, Francys Adalberto Pacheco Soto y Narcisse Heriberto Rivas Garib.
El organismo acusador indica que la razón argumentada por Medina Reyes para ordenar destruir los documentos públicos fue “dejar las oficinas limpias a la nueva gestión”.
Dentro de los archivos de carácter público de los procesos de compras y contrataciones públicas de la Procuraduría General de la República que se trituraron y/o destruyeron, el Ministerio señala: las certificaciones de existencia de fondos, actas de aperturas, actas de inicios, actas de adjudicaciones, actas de notificación de oferentes y actas de resultados de evaluación.
Además, pliegos de condiciones, fichas y especificaciones técnicas, publicaciones en periódicos, originales y copias de los sobres A y B, entre otros documentos de índoles administrativa, los cuales especifican se encontraban en la oficina del imputado Medina Reyes donde el acceso era restringido y solo compartía la llave con su mano derecha, el también acusado Francis Ramírez Moreno.
Los desechos eran recolectados en bolsas plásticas de color negro, las cuales eran recogidas por el personal de limpieza para su retiro a la basura.
El Ministerio Público indica, que lo anterior fue puesto en evidencia con la no existencia de la documentación física del Departamento de Compras relativa a los procesos de compras, las cuales, según la certificación emitida por el Comité de Compras y Contrataciones y la Dirección Jurídica del Ministerio Público en mayo del 2022, hacen constar que en sus archivos no reposan las actas físicas originales y digitales de las sesiones de dicho Comité de Compras y Contrataciones, así como los informes realizados por los peritos.
Asimismo, la Directora General Administrativa del Ministerio Público, en junio del 2022, certificó que, en los expedientes de pagos resultante de los procesos de Licitación Pública Nacional y Comparación de Precio, de adquisición de bienes y servicios de agosto del año 2016 al de agosto del 2020, no se encuentran las actas originales físicas de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones.