Nueva ley unificó los dos modelos penitenciarios
En noviembre la procuradora general dispuso varias medidas para adelantar la aplicación de la ley.
El principal problema de las cárceles en el país es la sobrepoblación de reos. ARCHIVO/LD
Desde abril de 2021, el país cuenta con un nuevo régimen carcelario, instaurado mediante la ley 113-21, la cual regula el sistema penitenciario y correccional.
Aunque es poco conocida, fue aprobada en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo en tres meses, entre febrero y abril de 2021. Deroga la antigua ley 224, del 26 de junio de 1984.
Crea una nueva estructura. Unifica el sistema penitenciario, que había estado funcionando en dos modelos, uno que regenteaba solo los centros de corrección y rehabilitación, y otro que dirigía las cárceles tradicionales, a través de la Dirección de Prisiones. Funcionaban separados, como dos cuerpos, aunque ambos dependían directamente de la Procuraduría.
Dispone, en su artículo 55, que los centros de corrección y rehabilitación deben contar con servicios idóneos de alojamiento para dormitorios, servicios sanitarios de salud y alimentación. También, áreas educativas, laborales, deportivas, recreativas y espirituales, servicios de comunicación telefónica, y espacio para recibir visitas, a fin de que los privados de libertad puedan llevar una vida digna y recibir el tratamiento adecuado para su reeducación y posterior reinserción social.
Faculta a la Procuraduría implementar las vías de comunicación y bloqueo de la comunicación de los internos dentro de los centros, conforme reglamento interno, y que las políticas para el diseño, construcción, ejecución y equipamiento de las edificaciones penitenciarias y correccionales sean regidas, supervisadas y puestas en ejecución por la Procuraduría, exclusivamente.
En noviembre pasado la procuradora general Miriam Germán Brito dispuso varias medidas, con el propósito de adelantar la aplicación de la ley, principalmente con la designación de funcionarios al frente de las nuevas estructuras que instituye.
Nueva estructura Además de un Consejo Nacional, se establece una Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), que actualmente dirige Roberto Hernández Basilio, quien se desempeñaba como director de Prisiones desde septiembre de 2020.
Otra dirección es la de Centros de Corrección y Rehabilitación, a cargo de Patricia Lagombra, que dirigía el Nuevo Modelo Penitenciario desde agosto del 2020. La ley habilita también la Dirección del Medio Libre, así como subdirecciones de tratamiento, administrativa, de vigilancia y seguridad correccional, y de supervisión regional.
Se establece un Consejo Nacional Consultivo de Servicios Penitenciarios y Correccionales, como órgano asesor y de consulta, presidido por la procuradora general, o un procurador general adjunto que ella designe, y lo integran también el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales y los ministros de Salud Pública, de Trabajo, de Interior y Policía, de Educación y de Deportes o sus representantes.
La Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales (antigua Dirección de Prisiones) es el órgano de la Procuraduría responsable de aplicar y hacer valer las políticas públicas en materia correccional, según se define en la ley. Están subordinadas a ésta las direcciones de Centros de Corrección y Rehabilitación (antes Nuevo Modelo) y la Dirección de Medio Libre.
Fin del “nuevo modelo” Entre las motivaciones, se establece que “el régimen penitenciario y el proyecto de nuevo modelo, ya no se encuentran acorde a las nuevas tendencias de educación integral a los fines de ofrecer una reinserción social eficiente y eficaz.
EN PUNTOS Medio libre por ley. El artículo 1, señala que el objeto del medio libre es la protección de la integridad y dignidad de los privados de libertad, reducción de consecuencias negativas de su estado, condiciones adecuadas para su desarrollo personal, y corrección, reeducación y reinserción en la sociedad.