SENADO REPÚBLICA

Senado aprueba proyecto que permite al Estado recuperar propiedades vinculadas a hechos ilícitos

El Senado aprobó este miércoles en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, para que el Estado pueda recuperar las propiedades originadas o vinculadas a la violación a las leyes penales; así como las utilizadas o que guarde algún vínculo con actividades delictivas.

La pieza legislativa de la autoría de los senadores Adriano Sánchez Roa, Charlie Mariotti Tapia, Julio César Valentín y Luis René Canaán, crea los tribunales de extinción de dominio, obliga a dar informaciones bancarias al juez, se abre a la cooperación internacional y homologa sentencias extranjeras, siempre que no entren en contradicción con la Constitución y las leyes dominicanas.

El proyecto indica que están sujetos a decomiso civil los bienes que procedan de actividades ilícitas, los que sean instrumentos de actividades ilícitas o donde se pretendan ocultar bienes de ilícita procedencia, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal.

Asimismo, bienes que constituyan un incremento patrimonial injustificado, y aquellos que encontrándose a nombre de terceros, fuese posible determinar que son el producto o se encuentran vinculados a un hecho ilícito y que quien se considera responsable del delito se comporta como dueño u ostenta su posesión o dominio.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, al agotar un turno, dijo que este proyecto de ley, que procura el decomiso civil de los bienes ilícitos, “no distingue la procedencia de esos bienes, pueden ser del narcotráfico, la criminalidad, la corrupción administrativa, política o cualquier otro hecho delictivo”.

“Y es este Senado dirigido por cierto, por el Partido de la Liberación Dominicana, a parte de otras iniciativas como la que hizo de referencia el senador Charle Mariotti, de la Ley de Lavado de Activo, quien está aprobando por tercera ocasión, esta vez en segunda lectura, una ley que procura el decomiso civil de todas las personas que hayan adquirido bienes ilícitos, sin importar como se llamen, y sin distinguir al partido o la organización política que representa”, dijo.