El pan nuestro de cada agosto
El Ministerio de Educación cuenta con una asignación presupuestaria considerable, garantizada por ley.
Es de las pocas partidas presupuestarias por ley que se cumplen.
En contraste, los ayuntamientos, la Junta Central Electoral, el Ministerio Público y el Poder Judicial, no reciben los porcentajes que establecen las normativas.
Sin embargo, a pesar de disponer de recursos más que suficientes para cubrir las necesidades de espacios, aulas, maestros, dispositivos y equipos tecnológicos, el Ministerio de Educación siempre queda rezagado.
Las declaraciones oficiales que aseguran que todo está listo para el inicio del año escolar no resisten el escrutinio, ya que las denuncias en los medios las contradicen con evidencia.
El clamor general, de norte a sur y de este a oeste, es que no hay cupo para la cantidad de niños que buscan inscribirse en el sistema público de enseñanza, y por ende, muchos son rechazados.
Aunque las autoridades han convocado al inicio del año escolar el próximo lunes, no han dado respuesta al déficit de 7,000 aulas que aún están pendientes de habilitación.
Al grito de “¡A clases, que ya es hora!”, se suma la queja del sector magisterial, que afirma que se requieren 27,000 secciones educativas, pero solo hay 18,000 habilitadas. ¡Faltan 9,000 secciones!
Este año lectivo comienza igual que el anterior: con cientos de miles de niños que no encuentran cupo en las escuelas públicas.
Definitivamente, las autoridades educativas y el “superior gobierno” tienen tareas pendientes en materia educativa, y el país sigue sufriendo las consecuencias de su fracaso año tras año.
Si no se toma conciencia de que la educación es la inversión más rentable y de que sin oportunidades para todos los estudiantes el país no avanzará, estamos perdidos.
El Ministerio de Educación está obligado a resolver el déficit de aulas y secciones educativas, porque la educación no es una opción ni una oferta para quien la quiera, sino un servicio esencial para la niñez y la juventud.
Superemos, entonces, el ruego anual de los padres para que sus hijos sean aceptados en las escuelas públicas.
Un país que apuesta al progreso y a las nuevas tecnologías no puede tener una tercera parte de sus aulas cerradas. Así no se puede avanzar.
