¡Entréguenlas!
La orden dada ayer por el presidente Luis Abinader a sus funcionarios para que respondan de inmediato las solicitudes pendientes de información pública, es oportuna y plausible.
Este gesto refleja una intención clara de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública es un mandato que debe ser respetado sin necesidad de órdenes presidenciales.
Cuando los funcionarios públicos asumieron sus cargos, juraron cumplir y hacer cumplir con todas las leyes del país.
Entre estas, la Ley 200-04 se destaca como un pilar fundamental de nuestra democracia, al garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
La implementación de esta ley no debe depender de recordatorios presidenciales, sino del compromiso ético y legal de quienes nos representan.
La transparencia no es solo una virtud, sino una obligación legal y moral.
Es inaceptable que los medios de comunicación y los ciudadanos tengan que recurrir a quejas constantes por la tardanza o la negativa de los funcionarios en proporcionar información.
Este comportamiento no solo socava la confianza pública, sino que también va en contra del espíritu democrático que esta ley pretende fortalecer.
La transparencia debe ser un hábito, no una excepción; una norma diaria, no una respuesta a una directriz presidencial.
La democracia dominicana merece un gobierno transparente y es el deber de cada funcionario asegurar que así sea.
Editorial ¡Entréguenlas!