Esos presos deben volver a la capital

Por una razón de fuerza mayor, unos 1,800 reclusos de la penitenciaria de La Victoria tuvieron que ser trasladados a distintas cárceles del país luego que sus celdas resultaran quemadas o destruidas por un fuego, hace más de dos semanas.

Como consecuencia directa de esos traslados, que se hicieron de prisa sin una orden expresa de juez competente, muchos de esos reclusos no han sido llevados a las audiencias de sus casos en los tribunales de la capital.

Por tanto, una “solución” preliminar que se adoptó en el momento para despejar las áreas siniestradas de la penitenciaria, ha derivado ahora en una causa inesperada de conculcación de sus derechos.

Al no ser llevados a tiempo a las audiencias de los tribunales, se les está privando del derecho a dilucidar sus casos, lo que configura de hecho una denegación de justicia, aunque fuese involuntaria.

Esto significa que las autoridades penitenciarias deben ir pensando ya en una logística de retorno de esos reclusos a la capital, que es la jurisdicción donde están los tribunales asignados a sus casos.

Organizar un sistema de transporte de esos presos a los tribunales, el día que corresponda a sus audiencias, ameritaría disponer de una flotilla de vehículos, con personal de seguridad, para garantizar sus traslados mientras estén en cárceles de otros pueblos.

Los juicios no pueden celebrarse en esos pueblos, porque tampoco existe una disposición que, por razones excepcionales, así lo ordene.

Resolver este problema de logística solo se lograría retornando esos presos a La Victoria, lo que luce improbable ahora porque las infraestructuras colapsadas no han sido restablecidas para poder albergarlos.

 Y si así fuese, se volvería al problema original de esa cárcel, que es su sobrepoblación, especialmente de presos preventivos que, inclusive, llevan allí mucho tiempo esperando absolución o condenas.