editorial
Viendo la realidad fronteriza con sus propios ojos
La presencia de cuatro embajadores latinoamericanos en la frontera, para tomar el pulso al conflicto dominico-haitiano, ha sido muy oportuna.
No solo ofrece a los diplomáticos la oportunidad de verificar, in situ, la forma en que se producen los despliegues militares, sino el trato de las autoridades hacia los haitianos que voluntariamente vuelven a su país.
Mientras se esparcen acusaciones para atribuir a la República Dominicana supuestas violaciones a los derechos humanos, visitas de este tipo ayudan a despejar esas falsas percepciones creadas en el extranjero.
Los propios diplomáticos que representan aquí a México, Panamá, Colombia y Honduras, dijeron que no constataron casos de violaciones y que el control y vigilancia militar ha sido una garantía de seguridad fronteriza.
Es relevante que mientras la llamada comunidad internacional titubea y no asume su responsabilidad para devolver el orden y la institucionalidad en Haití, estos cuatro países mostraran interés en la situación.
La visita se produjo días después que turbas haitianas destruyeran algunos hitos que demarcan la línea fronteriza y realizaran actos provocativos contra las tropas dominicanas que patrullaban nuestro territorio.
Pese a esas provocaciones, alentadas por la falsa teoría de que esa franja de tierra patrullada por las tropas, situada en la pirámide 13, pertenece a Haití, el Ejército dominicano ha actuado con prudencia y eficiencia para evitarlas.
Los diplomáticos extranjeros comprobaron esto y qué bien que haya sido así, porque a menudo se quiere proyectar hacia el extranjero la idea de que estamos atropellando, discriminando y odiando a los haitianos.
La realidad es que la República Dominicana está propiciando que la crisis haitiana sea resuelta, de una u otra manera, ya que es multidimensional: porque asume características de catástrofe política, social y económica al mismo tiempo.
Como está pendiente la intervención de una fuerza armada multinacional en Haití, esa inminente actuación obliga al país a poner la seguridad interna en la más alta prioridad nacional, sin incurrir en actos que puedan considerarse lesivos al orden y el derecho internacional.