Una decisión prudente
Por muchísimas razones, la República Dominicana tiene que preservarse como un país neutral frente a la crisis de Haití.
Neutral significa que, ante el peligroso estado de confrontación entre un gobierno de facto y bandas terroristas armadas, no puede involucrarse directamente a favor de una de las partes.
Solo cabe, desde la diplomacia, acompañar cualquier esfuerzo que permita propiciar un regreso a la institucionalidad, el orden y la reanimación económica, sin usar ni prestar el territorio para influir en ese proceso.
Sin dudas, esa es una crisis que entraña desafíos a nuestra seguridad nacional, a nuestra economía y al clima de coexistencia pacífica y democrática en que vivimos.
Y a lo que no puede renunciar es a defender a rajatablas su soberanía, sus leyes y su derecho a ser un país independiente en la determinación de su propio destino.
Por tanto, es inadmisible que cualquiera de las partes enfrentadas en Haití pretenda extender el conflicto hasta nuestro territorio, con todas las consecuencias que eso implica.
Ambos países comparten una misma isla y hasta los mismos síntomas de sus accidentes históricos.
La mejor clave para una coexistencia sin guerra es la de la común neutralidad, salvo que algún imponderable la haga difícil o imposible.
En los actuales momentos, y considerando el clima volátil creado por soliviantados inmigrantes africanos y árabes en Europa y otras zonas del mundo, no es prudente permitir en nuestro país acciones que puedan salirse de curso y derivar también en pobladas.
Los haitianos que viven en nuestro país, legal o ilegalmente, deben respetar este principio estratégico de neutralidad y abstenerse de producir eventos que pudieran alterarlo.
De ahí que haya resultado oportuno y prudente que el Ministerio de Interior y Policía rechazara autorizar una marcha de la diáspora haitiana en la capital, aunque se convocara como una actividad pacífica y pacifista.