Grave atentado a fauna marina

Disponer de energía eléctrica para la producción, el comercio, el transporte, los servicios y los hogares es una prioridad indiscutible.

Adoptar todas las decisiones gubernamentales para su generación, en cantidad suficiente, es la alta responsabilidad que recae sobre las autoridades.

Para cumplir con esas atribuciones, el gobierno debe rodearse de técnicos competentes para que, mientras procura ser eficiente en ese sector, no se deriven daños previsibles en el Medio Ambiente.

Producir energía es fundamental para garantizar el bienestar colectivo.

Pero en ese propósito hay que evitar que su generación provoque una agresión de las magnitudes que se denuncian en las costas de Azua, donde se han instalado barcazas.

Los apagones son odiosos y la gente se molesta cuando ve interrumpidas sus actividades cotidianas.

Pero, por igual, la ciudadanía ha quedado muy sensibilizada frente a la mortandad de especies marinas que se registró en la costa sur.

Ante las muestras de indignación que se hicieron patentes en las redes sociales y otros medios de comunicación masiva, el gobierno está compelido a establecer responsabilidades y reglas inviolables para defender la flora y la fauna.

La voz de los ambientalistas y de los residentes en las comunidades próximas al estuario donde se instalaron las barcazas de electricidad, deben ser escuchadas, sobre todo después de los daños que ellos advirtieron.

El progreso no se puede detener frente a quienes enarbolan un ecologismo extremo, pero tampoco puede ser tolerable que se permita destruir las costas al mismo ritmo que se está diezmando el bosque.