La mora judicial, un cáncer que hizo metástasis

El cáncer que degrada el sistema penitenciario dominicano es la mora judicial.

Es decir, la tardanza de los tribunales para fallar los expedientes en tiempo oportuno.

Esa dilación está agravando el problema de la sobrepoblación de presos y consiguientemente, el de los que están preventivos.

Después que los jueces imponen las coerciones de prisión preventiva, automáticamente comienza un proceso que puede extenderse en el tiempo por muchas razones.

Unas veces, por causa de los constantes aplazamientos de las audiencias y otras por la fijación de estas en periodos muy largos de tiempo, así como por estrategias procesales o tácticas dilatorias propiciadas por abogados.

Fue el caso del imputado Ruddy Roberto Santos, en San Pedro de Macorís, quien denunció que llevaba tres años como preso preventivo sin que le pasaran juicio.

Pero cuando el tribunal accedió a convocar la nueva audiencia, por la presión mediática, la fijó para agosto, es decir, agregando tres meses a su encierro.

En aras de la objetividad, es posible considerar que la fijación de audiencias para fechas muy distantes en el tiempo se deba a la carga laboral de los jueces.

En enero, el presidente de la Suprema Corte de Justicia proclamó la eliminación de las moras en las salas de esa alta corte, gracias a un plan ideado con ese propósito.

¿Por qué, entonces, no se extiende ese plan a los tribunales de primera instancia para que fallen los casos con adecuada celeridad?

Esto puede ser el principio de un proceso de reducción de la masa de presos preventivos que esperan los fallos de los tribunales a sus casos, condenatorios o absolutorios, un fenómeno que está creando un sensitivo drama humano contradictorio con los fundamentos de nuestro Estado social y democrático de derecho.