Mal augurio para tragedia haitiana
A casi dos años de la muerte del presidente Jovenel Moise (junio 2021) baleado en su residencia por una cofradía de políticos haitianos y mercenarios extranjeros, la inseguridad y el caos se adueñaron de Haití.
Enclavado en el corazón del Caribe, el territorio haitiano ha devenido en un bastión de criminalidad, narcotráfico, trata de personas y contrabando, equiparable con un volcán.
Si bien sus efectos se sienten con mayor intensidad dentro de sus fronteras, las acciones de las bandas armadas afectan a su propia población y a extranjeros que van allí hasta a dar servicios gratuitos.
Hacerse indiferente al drama humano que consume a un pueblo haitiano o retrasar una solución que se impone con urgencia, es asumir algún nivel de complicidad por omisión.
El gobierno dominicano, con el presidente Abinader a la cabeza, ha hecho lo máximo para hacer entender a la comunidad internacional que la crisis en Haití ya no puede esperar más.
Los organismos internacionales –y el propio gobierno haitiano- han clamado por ayuda para desarmar las bandas, pacificar el país e ir a elecciones, pero no hay pasos prácticos para materializarla.
La nueva es que ayer el Listín Diario publicó un documento que explica las bases de un “plan estratégico” de Estados Unidos para estabilizar Haití, cuya materialización se prevé en diez años.
Su objetivo es lograr “un país más seguro, más estable y más democrático”, que según sus cálculos se verían sus frutos dentro de diez años.
Nadie puede dudar de la pericia de los norteamericanos para pacificar países extranjeros, pero ante el poder de las bandas armadas y su denunciada articulación con resortes del poder, en diez años las palabras “seguro, pacífico y democrático” pueden estar olvidadas.
Para República Dominicana, que comparte frontera terrestre y peligro mayor con Haití, estos plazos no pueden tomarse como una respuesta al creciente desbordamiento de la violencia y la pobreza de ese país.