Un país de muchos jefecitos

Sin importar la categoría de sus cargos en cualquiera de los estamentos del Estado, la administración pública está poblada de muchos jefecitos.

Son aquellos cuya función es la de canalizar, autorizar o acelerar un trámite de cobro o permiso, aprobar concesiones o diligenciar, según su nivel de autoridad, algo que un ciudadano o una empresa necesita.

Si los interesados tienen premura en que sus casos sean atendidos, por lo general deben toparse de frente con jefecitos en distintos puntos de la cadena burocrática que son los que, finalmente “resuelven”.

Ese modus operandi está enquistado en la administración pública desde hace muchos años, siendo causa de una extensa maquinaria de “toma y daca” de dinero o favores especiales para la tramitación de documentos y transacciones.

Ahora, al poner en marcha el llamado “Portal único de atención ciudadana”, el gobierno facilitará más de 300 trámites y servicios transaccionales por la vía digital, un paso de compromiso en la institucionalización de una burocracia más limpia y eficiente.

Las debilidades burocráticas le cuestan al país alrededor de 212 millones de pesos al año, buena parte de cuyo botín va a parar a los bolsillos de los jefecitos, sin dudas.

El programa “Burocracia cero” busca, precisamente, eliminar las largas filas, las regulaciones complejas, los requisitos redundantes y los tiempos prolongados de respuesta, que les complican la vida y los bolsillos a los contribuyentes.

De ese laberinto de permisologías y trámites es que emergen los jefecitos.

Los que tienen la llave para la agilización y solución de casos, unas veces de menores complejidades, otras de cierta envergadura, siempre y cuando haya coimas, en efectivo o en “naturaleza”, de por medio.

Se dan muchos casos en cuarteles policiales y fiscalías, en entidades de servicios básicos, en enganches y ascensos, en agencias que contratan y pagan servicios gubernamentales.

En fin, en todo el Estado, casi sin excepción.