Un menjurje electoral

El mundo político ha quedado estremecido por un sorpresivo y extraño híbrido que ha creado la Junta Central Electoral (JCE) al autorizar dos sistemas diferentes de votación en las próximas elecciones legislativas de 2020.

Se ha generado un repudio a la resolución que permite que se les computen a los candidatos a senadores los votos obtenidos por sus pares diputados del mismo partido en cinco provincias y el Distrito Nacional, mientras en cambio prohíbe este mecanismo de arrastre en el resto de las 26 provincias del país.

En virtud de que la Constitución de la República establece con absoluta claridad el derecho fundamental del ciudadano a elegir y ser elegido, este mandato tiene que ser obligatoriamente garantizado por la JCE sin fórmulas duales.

Bajo ningún subterfugio o disposición administrativa puede aceptarse que los más de 7 millones de ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos, queden segregados en sistemas o modalidades diferentes.

En los hechos, este inesperado y extraño híbrido electoral de la JCE parece conculcar el derecho de los ciudadanos de seleccionar a un senador de un partido y un diputado de otro en todas las jurisdicciones electorales, como debería ser en una democracia que se precie de auténtica y sana.

Al eliminar el arrastre del senador por el voto emitido para un diputado en 26 provincias, en apego a la Ley Electoral, la JCE está garantizando justamente el derecho que les corresponde a todos los ciudadanos en capacidad de votar.

Si en este país todos los ciudadanos son iguales ante la ley -y sobre todo ante la Constitución- queda sobreentendido que para elegir a seis senadores no se puede disponer un método diferente al que se va a emplear para escoger a los otros 26.