La triste historia de la gestión eléctrica

Santo Domingo.- En el año 1998, cuando el gobierno primero de Leonel Fernández decidió aplicar un proceso de privatización en el sector eléctrico, la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era un monopolio completamente estatal que carecía de recursos y no era sujeto de crédito para obtener finananciamientos necesarios para invertir en nueva generación.

La tasa del dólar era de RD$16 por uno y se mantenía estable, por lo que el servicio eléctrico era precariamente manejable con un aporte de RD$205 millones mensuales que el Gobierno aportaba como subsidio a la CDE, entonces administrada por su actual titular, Radhamés Segura.

El problema es que se necesitanan recursos frescos para aumentar el parque de generación, que era precario y escaso. La capitalización abrió esa oportunidad: La CDE fue dividida en cinco empresas (tres de distribución y dos de generación) y se elaboraron contratos de gestión de compra y venta de energía a cinco años a partir de 1999.

Pero como la necesidad inmediata era de nuevas inversiones en generación, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), entonces dirigida por Antonio Isa Conde, estableció contratos de gestión que daban amplias venjatas de rentabilidad a los generadores, algo que se podía hacer sin afectar mucho la tarifa eléctrica, pues el petróleo estaba a menos de US$15 el barril y se cometió el error de no prever que podría subir mucho más de ahí.

Con excelentes condiciones en los contratos de los generadores, surgieron nuevas inversiones en ese sector y el parque de plantas se amplió con empresas como AES Andrés, la Cogentrix, restauración de las viejas plantas de Itabo y algunas de Haina, Monte Río, Palamara-La Vega y otras.

La distribuciónPero en el área de distribución se hizo muy poco: Los nuevos socios tomaron esas empresas y enfrentaron la grave dificiltad de tener que cobrar el servicio en una nación acostumbrada a la evasión, a la electricidad gratis, a la influencia en sectores poderosos y protestas en barrios carenciados.

Con la llegada de Hipólito Mejía al gobierno en 2000, las nuevas autoridades de la CDE, que pasó a llamarse CDEEE tras la aprobación de la Ley General de Electricidad 125-01, que llevaba más de ocho años en el Congreso, iniciaron un proceso de negociación de los contratos de generación con el objetivo de abaratar los costos, pues el gasto en subsidio aumentó debido a que el petróleo comenzó a subir y llegó a colocarse sobre los US$35 el barril, lo cual afectaba directamente los costos de generación bajo el esquema de precios que se había establecido en la capitalización.

Se reformaron los contratos con el llamado “Acuerdo de Madrid” que redujo los componentes del precio de venta de la energía a cambio de su extención por 10 años más de vigencia.

La iniciativa no era mala, pues de esa forma se crearon las condiciones para que el precio de la energía fuera lo suficientemente equilibrado y que las distribuidoras pudieran operar con relativa efectividad. El segundo aspecto eran los barrios pobres que no pagaban el servicio y para ello se creó el Programa de Reducción de Apagones (PRA), mediante el cual se le daría energía a los barrios con la asignación de tarifas fijas. El Estado cubriría el 75% del costo de esa energía y las distribuidoras el 25% restante de un total de 18 horas de servicio diario en promedio. Esos acuerdos se firmaron en septiembre de 2002, con una economía aparentemente estable, la tasa de cambio del dólar en menos de RD$18 por uno y la inflación controlada.

La crisis lo dañóPara que el mercado eléctrico operara de manera efectiva a partir de spetiembre de 2002 era imperativo que hubiera estabilidad macroeconómica, lo que se perdió a partir de principios de 2003 con el inicio de la crisis financiera y la aplicación de una medicina que implicó el disparo de la inflación y de la tasa del dólar, lo cual incidió negativamente y de manera directa en los costos del mercado eléctrico.

No era posible mantener una tarifa eléctrica reducida, cobrar el servicio eléctrico de manera efectiva, hacer nuevas inversiones y eficientizar el servicio con las condiciones macroeconómicas vigentes (inflación en 42.6% en 2003 y tasa de cambio en más de RD$55 por uno, tasas de interés bancarias por las nuves y una inestabilidad constante).

La contra reformaAunque se dice que el gobierno de Mejía dañó la reforma, la realidad es que le dio seguimiento. pero con decisiones buenas y malas que acabaron con empeorar la situación. Desde 2004 ha habido más gastos en subsidios y ninguna solución.