Violencia modelada y aplicada desde el poder

Cuando lideramos o pretendemos que no hacemos eso, estamos reflejando sin lugar a dudas conductas, la mayoría de ellas observables. Tal vez por eso se escucha que la responsabilidad se da en lo que haces y también en lo que dejas de hacer. Responsables por acción y también por omisión. Y ese ejemplo que damos, sirve de modelo para los demás que nos ven y nos imitan.

Pero también con nuestras malas prácticas, cuando ejercemos el poder de forma abusiva, los demás no solo pueden ser maltratados, sino que también se quedan con esa memoria y hasta con el modelo que aunque hoy criticamos, mañana en el poder imitamos. De ahí que el reto más importantes de cualquier líder es el hacer lo correcto y hacerlo correctamente.

Hablar de violencia, seguridad y otros temas conexos desde posiciones alejadas de la realidad cotidiana, o desde entornos excesivamente cercanos al poder, puede resultar cómodo. Sin embargo, estos temas exigen una reflexión más profunda, porque en ellos convergen múltiples factores que van desde la conducta individual hasta la forma en que se estructuran y operan nuestras instituciones.

En el debate público solemos concentrarnos en las manifestaciones visibles de la violencia: la delincuencia, la inseguridad ciudadana, los conflictos sociales. Se diseñan respuestas orientadas a contener estos fenómenos, muchas veces con carácter reactivo, buscando resultados inmediatos. Pero en ese proceso, con frecuencia dejamos de lado las causas estructurales que los originan, lo que nos conduce a gestionar síntomas sin resolver el problema de fondo.

El comportamiento de las sociedades no es arbitrario. Responde a patrones que se repiten: la necesidad de sobrevivir, la reproducción de modelos aprendidos y la percepción de oportunidades dentro del sistema. Cuando estos elementos se desarrollan en entornos donde las normas no se aplican con coherencia, o donde las reglas del juego parecen cambiar según las circunstancias, se genera un terreno propicio para desviaciones que afectan la convivencia.

En este contexto, resulta necesario abordar una dimensión que pocas veces se discute con la profundidad requerida: la capacidad de los individuos y de los propios sistemas para adaptarse a sus debilidades. No solo se trata de que existan fallas, sino de que, en ocasiones, se desarrollan prácticas que permiten operar dentro de esas fallas, incluso bajo marcos formales que aparentan legitimidad. Esta realidad no es exclusiva de un país; es una condición observable en distintos niveles y en diversas sociedades.

Cuando la ciudadanía percibe inconsistencias entre el discurso institucional y la práctica cotidiana, se produce una erosión progresiva de la confianza. Y la confianza es un elemento esencial en cualquier sistema social. Su debilitamiento genera frustración, desafección y, en muchos casos, respuestas que pueden manifestarse en distintas formas de violencia.

Desde esta perspectiva, es importante ampliar el análisis y reconocer que no toda la violencia tiene su origen en la criminalidad tradicional. Existen también dinámicas institucionales que, por acción u omisión, contribuyen a generar condiciones de tensión social. Decisiones que no consideran su impacto, falta de coherencia en la aplicación de normas, o percepciones de trato desigual, pueden convertirse en factores que alimentan el conflicto.

Esto no implica trasladar responsabilidades ni simplificar el fenómeno, sino entender que la violencia es un proceso complejo, en el que intervienen múltiples variables. Ignorar esta complejidad nos conduce a respuestas incompletas y, en algunos casos, a la repetición de los mismos errores.

La experiencia acumulada en distintos intentos de abordar estos temas muestra que no basta con contar con conocimientos técnicos o con propuestas bien estructuradas. En diversas ocasiones, iniciativas orientadas a fortalecer la prevención y la seguridad no han logrado consolidarse, no por falta de capacidad, sino por ausencia de articulación, continuidad y visión compartida entre los actores involucrados.

Hoy, además, enfrentamos un contexto distinto. La ciudadanía tiene mayor acceso a la información, mayor capacidad de contrastar realidades y una menor disposición a aceptar explicaciones que no se correspondan con su experiencia cotidiana. Esto eleva el nivel de exigencia hacia las instituciones y hacia quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones.

En este escenario, continuar abordando la violencia únicamente desde sus manifestaciones visibles resulta insuficiente. Es necesario avanzar hacia un enfoque que integre la dimensión institucional, la calidad del liderazgo y la coherencia en la ejecución de las políticas públicas.

Porque, en última instancia, los sistemas funcionan o fallan en función de las decisiones que toman las personas que los integran. Y esas decisiones están directamente vinculadas a criterios, valores y niveles de responsabilidad que no siempre son visibles, pero que determinan los resultados.

Si no se abordan estas causas estructurales, corremos el riesgo de seguir transitando un camino en el que las soluciones son temporales y los problemas tienden a reproducirse. Y en ese contexto, los procesos de cambio pueden darse de manera desordenada, generando impactos que afectan a toda la sociedad.

Por ello, cualquier esfuerzo serio en materia de seguridad y convivencia debe ir más allá de las respuestas reactivas. Requiere fortalecer la calidad del liderazgo en todos los niveles, promover una cultura de responsabilidad en la toma de decisiones y asegurar coherencia entre lo que se establece y lo que realmente se ejecuta.

No se trata únicamente de hacer más, sino de hacer mejor. De alinear criterios, de asumir responsabilidades y de entender que la sostenibilidad de cualquier sistema depende de su capacidad para generar confianza.

Y la confianza, a diferencia de otros elementos, no puede imponerse ni decretarse. Se construye con el tiempo, a partir de la consistencia, la integridad y la transparencia en el ejercicio del poder.