Una denuncia que amerita investigarse
La denuncia del senador Antonio Marte sobre la posible prevalencia del consumo de drogas entre conductores de buses y motoconchos en el país, es bastante grave.
Y debe ser tomada con la seriedad que amerita.
Según el legislador, si las autoridades implementaran pruebas antidoping sorpresa en las paradas de transporte público, el Distrito Nacional quedaría sin conductores habilitados para operar.
Recordó que en una ocasión, más de un centenar de choferes fueron expulsados tras realizarles dichas pruebas.
Esta acusación no puede quedar en el aire ni ser minimizada, ya que pone en evidencia un problema que podría tener consecuencias devastadoras para la seguridad vial en el país.
Es inaceptable que conductores de transporte público, responsables de la vida de cientos de pasajeros a diario, puedan estar bajo el efecto de sustancias que alteran su capacidad para conducir de manera segura.
En un país donde el caos en el tránsito ya representa un reto monumental para la movilidad y la seguridad vial, esta denuncia pone de manifiesto un posible factor adicional de riesgo que no debe ser ignorado.
A través de la creación de programas de pruebas sorpresivas y la implementación de controles rigurosos, las autoridades deben actuar rápidamente para determinar la magnitud de este problema.
Resulta urgente que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tomen cartas en el asunto.
Deben llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva que permita identificar la prevalencia de este comportamiento y sancionar a los responsables.
Lo más crucial e importante, en este contexto, es prevenir que conductores bajo efectos de sustancias sigan circulando por las calles del país.
Esta no solo es una cuestión de legalidad, sino también de moralidad y, sobre todo, de protección a la vida de los ciudadanos.