Debo confesar que me aterra que pueda ser cierto el que al día de hoy, donde la propia Constitución de la República manda a observar el mérito y la profesionalización en cuando al personal a ser tomado en cuenta para ocupar un cargo en la Administración pública, que alguien se pueda valer de su posición de “poder” para tratar de obtener “beneficios íntimos personales” con jóvenes, principalmente de sexo femenino, que acuden a sus respectivas dependencias, Curriculum en manos, con la esperanza de lograr un puesto de trabajo para el que entienden se han preparado.

Quienes me han comentado al respecto llegan incluso a señalar que si esa joven de la que se trate es dueña de una buena apariencia física y entra en la esfera de poder de quien carezca del más mínimo sentido ético, puede terminar siendo objeto de múltiples formas de acoso, siendo incluso en ocasiones condicionada la posibilidad de acceder al empleo al chantaje de que tenga que “salir” con aquel que puede tener directa o indirectamente la posibilidad de incidir en la consecución del trabajo al que se aspira.

No he podido refutarles del todo a quienes me han comentado que semejante atropello se pueda estar llevando a cabo, pero lo que sí les he manifestado es que, de ser el caso -que a sinceridad espero no lo sea- pienso que es una forma en extremo vulgar y abusiva, pues en muchos casos esa persona de quien se pudiera tratar podría terminar cediendo al indicado chantaje, o en su defecto alejándose y perder la posibilidad de acceder al empleo, lo que en ambas direcciones constituiría no sólo una colosal falta ética, sino además un abuso de poder que jamás podría darse la licencia de permitir un Estado que se respecte y que se interese en hacer respetar la dignidad humana.