Aunque usted no lo crea, en esta Suiza caribeña, un funcionario del Estado es enviado a juicio penal por su afán de difusión de los símbolos patrios. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo decidió asumir como uniforme de trabajo una camisa blanca con una bandera bordada en su brazo derecho. “Gravisimo” delito que ocupa el tiempo de un procurador adjunto (mayo 2022) y un juez supremo (septiembre 2023), en un sistema agobiado por la mora judicial y de abrumadoras violaciones legales diarias. Hay déficit de jueces y fiscales y se pierde tiempo porque a un tipo se ocurrió reclamar 200 millones por la ausencia del escudo.

Ulloa asistió al programa de Mariasela Álvarez en abril del 2022, en ropa de faena como siempre que está en labores en territorios. Un individuo, con foto y video va al ministerio público con el gran hallazgo. Son las “grandes pruebas”, de una presentación que no niega, sino que precisa que la Constitución establece un mandato general sobre uso de la bandera sin tipificación penal.

“La querellante Fundación para la Integración Social y Educativa (FISOE) –dice la resolución del juez- solicitó al tribunal lo siguiente: Primero: solicitamos RD$200,000,000.00 (doscientos millones de pesos) para resarcir el daño al pueblo y rescatar los valores nacionales mediante una campaña que hemos realizado durante 50 años…” ¿En serio? Esta sola pretensión, de entrada, era para ocupar tiempo en otra cosa. Al final, lo excluyeron del proceso.