A paro educativo, pago retenido

El 4% para la educación ha sido una gran estafa. “Burla” sería un sustantivo políticamente correcto para definir lo que nos ha costado su ejecución presupuestaria. Casi dos billones de pesos después (2013-2024), los US33,402 millones (redondeando) que hemos destinado a la educación –59.19% en remuneraciones a profesores (2013-2023, CREES)– no han servido para nada.

Los indicadores de desempeño educativo nos mantienen en los últimos lugares, y mal haríamos en buscar respuestas sólo en los políticos que han ejercido el poder, o en endosar exclusivamente la responsabilidad al Ministerio de Educación (MINERD), si obviamos que los profesores constituyen la piedra angular del sistema.

“De los maestros hablan los alumnos”, y los resultados de PISA (y otros instrumentos) certifican el pésimo desempeño de los alumnos, pero también indican las competencias y capacidades de los profesores.

En los hechos, el sistema se basa en una lógica de darwinismo a la inversa, donde los menos competentes se refugian en un nicho necesario e imprescindible. Hoy día, más que solución, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) es parte fundamental del problema educativo en la República Dominicana. El paradigma de visión sindical ha superado la misión y propósito del gremio, preocupado más por lograr aumentos salariales que en garantizar que los estudiantes reciban enseñanza de calidad, en la cantidad contratada.

La ADP ha elegido el paro de labores como método de lucha. Al parecer, ser los profesionales que en términos porcentuales más ajustes salariales han recibido en los últimos 11 años no es suficiente; por lo que, incumpliendo el numeral 4 del acuerdo suscrito con MINERD en 2023, paralizan las labores educativas como mecanismo de presión hacia las autoridades.

La educación se hunde más cada día. Nuestros niños y niñas están condenados de antemano y no podrán avanzar en una sociedad que privilegia el conocimiento… pero la ADP asume la huelga como primera medida, y la ejerce indiscriminada y arbitrariamente –tanto a nivel nacional o local– por las razones más diversas.

Sin ir más lejos, la seccional de la ADP del Distrito 14-07 –correspondiente a Las Terrenas–, informaba por carta a sus miembros (noviembre 22) sobre el “plan de lucha”, “en respuesta a los atropellos cometidos por la directora distrital…”. Más allá de las 16 faltas ortográficas que contiene la carta (y eso lo dice todo), queda claro que el nivel de irracionalidad ha llegado al extremo que la solución a problemas internos de índole magisterial, pasa por la suspensión de clases a 6,512 alumnos… aunque esos maestros si cobrarán los tres días que no trabajaron.

Frente a la suspensión de clases como método arbitrario, merece el MINERD todo el respaldo frente a un gremio que ha elegido la confrontación y el sabotaje del proceso de educación de nuestros niños como “plan de lucha”.