Luego de tantos anuncios, el presidente Luis Abinader comenzó masivamente a ejecutar su plan de restauración institucional de las distintas instancias que conforman al Estado dominicano. Esta decisión del mandatario responde a diversas deudas que mantiene en la lista de pendientes el Congreso Nacional y el cumplimiento de reformas que desde mandatos anteriores al año 2000 no han dejado de ser el arrastre de una carga.
Primero depositó el proyecto que modifica la Carta Magna disfrazado de una intención de eliminar la posibilidad de perpetuarse en el poder por medio de una cláusula pétrea en las reglas de elección y el establecimiento de una disposición transitoria; esto podría muy bien calificarse como un capricho, más que una verdadera necesidad de reforma.
Teniendo en cuenta las complicaciones que causaría la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, porque, en definitiva, el problema de la eterna temporada política no son los comicios, sino los mismos actores políticos.
En caso de que no lo comprendan de esa manera, respalden a los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que, a tan solo meses de concluidos los sufragios de 2024, se encuentran agotando sin pena alguna una extensa jornada de preparación para los comicios que están pautados a celebrarse en cuatro años.
Luego, el primer mandatario le ordenó al Ministerio de Hacienda entregar el proyecto de “modernización fiscal” que no es más que un proyecto de reforma fiscal o, como el mismo nombre lo indica, una forma innovadora de aumentar los impuestos.
Por último, el Ministerio de Trabajo entregó una propuesta de actualización del Código de Trabajo que coloca nuevos derechos y penalizaciones antes no dictadas.
Todo esto sucede mientras se conoce en los tribunales un “camaleón” que, como su naturaleza refleja, nadie vio llegar, pero lo hizo “en el mejor momento”. Para el dominicano siempre ha sido difícil abarcar mucho. La mejor estrategia de distracción.