Una bariátrica institucional

Como cuando al muchacho le regalan un traje y hay que llevarlo al sastre para que lo ajuste, así el gobierno, al verse reflejado en el espejo del gasto público, decidió recortar algunos entes administrativos que agotaron su ciclo histórico, cumplieron su fin social o realizan funciones afines a otros.

LA Semanal de ayer fue el escenario escogido por el presidente para anunciar su “Propuesta de Eficientización y Racionalización de la Administración Pública”, o lo que es lo mismo, un [¿primer?] paquete de medidas para ajustar el tamaño del Estado desde la perspectiva de potenciar su eficacia y reducir costes de gestión. Sobre todo en tiempos de reforma fiscal, tiempos que requieren predicar con el ejemplo porque, puestos a ello, si vienen ajustes, que sean para todos… porque de lo contrario, no.

La propuesta persigue cuatro objetivos: optimización de recursos, mejora en la coordinación; eliminación de duplicidades; reducción de la burocracia. Desde esas premisas, [asumimos] una vez realizado el diagnóstico de situación y determinación del tamaño real de ese ogro filantrópico –que sonrojaría a Paz y haría palidecer al Leviatán hobbesiano, llamado “Estado dominicano”–, lo que tocaba era mirar al espejo y decir: “Ya es suficiente”. Y esto lo podría decir cualquier político, de cualquier partido y época, porque puestos a buscar responsables, el culpable es Fuenteovejuna… “todos a una”.

Más que buscar nombres debemos concentrarnos en soluciones; y bien podemos diferir de los aspectos secundarios de la propuesta de Abinader y cuestionar –en cuanto a la forma– si debe ser esta o aquella institución la que se funda, complemente a otra o desaparezca; pero no el fondo, que debería ser innegociable: la reducción del tamaño estatal en aras de su eficiencia.

Las críticas vendrán desde afuera y desde adentro también, y acaso esas serán las peores, las de los propios; la de los funcionarios que ven amenazas en la fusión de seis ministerios y su conversión a tres; la expansión (por absorción) de algunos ministerios; la fusión y/o integración de diez entidades y su conversión a cinco; la eliminación de siete, así como un paquete de medidas de contención del gasto.

Toca ahora analizar los fundamentos de las propuestas, pero no sólo a la luz de la razón económica, sino también de su funcionalidad y pertinencia estratégica. Más que criticar, desde la lógica de la racionalidad debemos cuestionar si las medidas alcanzarán o no el fin que persiguen.

En educación –por ejemplo–, la ley 66-97 indica que “el gasto público anual en educación” deberá ser un 4% del PIB, de ahí que la fusión del MESCYT con MINERD se encuadra en el mandato de la ley, al margen de si conceptualmente obedece a la lógica del proceso de formación educativa, que es otra discusión.

Mientras, unos critican la cirugía por innecesaria, otros por traumática, y otros se preguntan: ¿cuándo será la próxima?