La relación entre la administración y la integridad electorales vista desde las elecciones del 2024
La presente entrega aborda el impacto de la aplicación por parte de la JCE de procedimientos organizativos bajo los estándares recomendados de buenas prácticas electorales, a partir de la certificación institucional en la Norma 54001, del Sistema de Calidad de la Gestión Electoral , aplicadas a la organización del proceso electoral del 2024, entendida su inmediata aplicación, como compromiso expedito hacia la consecución de la integridad electoral, cuyo objetivo apostó a desterrar la percepción de manipulación electoral y darle certidumbre al proceso, lo que derivó en resultados de recuperación de la confianza en el órgano electoral y de una mayor satisfacción con la democracia.
Como bien apuntan Almond y Verba, al referirse a los niveles de confianza institucional, definida a partir de la expectativa subjetiva, que presuponen con cierto grado de certeza que las instituciones cumplirán efectivamente con sus funciones, Vg. el caso del rol asignado a la JCE en los ámbitos electoral y registral por la Constitución Dominicana, y que estas instituciones desde esa perspectiva actuarán de manera responsable aún en ausencia de supervisión, indicador que se valoran como un componente esencial de la cultura cívica, imprescindible en el aseguramiento de la consolidación y la calidad de la democracia.
El peso que tiene la calidad de los procedimientos puesto en marcha por la JCE, que culminó con el montaje exitoso de los tres procesos electorales recién concluidos (primarias, elecciones municipales, presidenciales y congresuales), cuyo reconocimiento nacional e internacional, constituyen a su vez un reconocimiento a la capacidad de gestión del pleno de esta centenaria institución, bajo el liderazgo indiscutible de Román Jáquez Liranzo, rescatando con estos resultados, el factor fundamental de toda administración electoral que es, la confianza institucional, resquebrajada en el anterior proceso electoral del 2020.
De ahí que, cabe señalar, la proeza institucional reflejada en el éxito de los últimos comicios del 2024, administrados por la JCE dentro de un espectro de desconfianza ciudadana en las instituciones políticas, desde un contexto donde la percepción ciudadana sobre las carencias de la democracia dominicana, se hacían sentir en las cifras que muestran encuestas como Latinobarómetro, que señalaban un pronunciado debilitamiento del apoyo a la democracia reflejados, en un aumento de las preferencias por sistemas autoritarios, valoración que pasa de 11.2% en 2004 a 20.8%, en 2023, y más recientemente de un incremento de la ciudadanía indiferente, de 11.8% en 2004, a 27.1%, en 2023.
Sin embargo, hay que puntualizar que en las diferentes encuestas preelectorales aplicadas en los dos últimos años, la JCE promedió una aceptación de un 64% de parte de la ciudadanía, indicador de que se había generado una percepción societal de confianza en el órgano de administración electoral, que salió robustecida con los datos tozudos de los resultados electorales, los cuales fueron aceptados unánimemente, tanto por la comunidad internacional como por la local, legitimando los resultados de dichos comicios.
Cabe destacar, la importancia de la percepción de la opinión pública acerca de la integridad de los procesos electorales para la satisfacción con la democracia, así como para la calidad de las elecciones de ahí que, el hito alcanzado por la JCE en ambos ámbitos, asumiendo con eficacia la gestión de las elecciones recién concluidas, con indicadores que daban cuenta de una reducción significativa de los conflictos electorales y poselectorales, los cuales registraron una disminución de un 56%, proyectando la consolidada percepción actual de los ciudadanos dominicanos, sobre la integridad electoral en que se condujeron las elecciones del 2024, reforzada en por el apego al marco procedimental, que propició la participación en condiciones de equilibrio competitivo de los partidos políticos y sus propuestas de gobierno.
Es por ello que entendemos que la integridad electoral proyectada en la gestión del actual Pleno de la JCE, bajo criterio de aseguramiento de la transparencia y a partir de garantizar igualdad de oportunidades para la participación de todas las fuerzas del espectro político dominicano en el proceso electoral, garantizando el ejercicio del derecho al voto sin interferencias ni irregularidades, consagrado en el artículo 208 de nuestra Constitución.
Otro hecho destacable, a partir de la implementación exitosa de la visión de inclusión electoral, reforzada con la ejecución del proyectos, como Voto Accesible, las Mesas Auxiliares de votación para las personas con discapacidades diferenciadas y adultos mayores, las plantillas de votación Braille, el proyecto piloto de Voto Penitenciario y el proyecto de Voto en Casa, con lo cual se reafirmó el compromiso de la JCE y de su pleno, que asumieron como condición sine qua nom, que la inclusión, la integridad electoral y la transparencia deben ser el sello legitimador de todo proceso electoral.
Como consecuencia de la gestión de este último proceso electoral del 2024, caracterizado por el nivel de legitimidad de sus resultados, aceptados por todos los actores políticos y gestionado desde criterios de integridad, en lo inmediato entendemos que ha salido fortalecida la democracia dominicana, a partir de haberse recobrado la confianza de la sociedad en los procesos electorales y en la JCE como institución rectora de los mismos, lo cual constituye un legado indiscutible de los integrantes de este órgano extra poder.
Tanto la construcción de la confianza ciudadana alcanzada por la JCE, así como el compromiso con la transparencia y la participación informada, son factores que se traducen en el plazo inmediato en una mayor estabilidad sistémica, derivada de las ausencias de crisis políticas y conflictos generados por elecciones controvertidas o cuestionadas, haciendo en la práctica que la integridad de la gestión electoral, se convierta en una zapata fundamental de la gobernanza electoral, para asegurar la certidumbre y el funcionamiento de una democracia dominicana sustentada en los valores de la transparencia, equidad y promoción de la participación, que desemboca en una mayor confianza en el sistema democrático.