Los Riesgos de la Reforma Constitucional

2 de 4

En esta segunda entrega abordo tres aspectos del proyecto de reforma constitucional: la independencia del Ministerio Público, la reducción del número de diputados y la unificación de las elecciones.

A. Sobre la independencia del Ministerio Público

Debemos advertir, en primer lugar, que el Procurador General de la República es parte del Ministerio Público, no la totalidad de esta institución y como la propuesta de reforma constitucional sólo se refiere a este funcionario, no debería hablarse de la independencia del Ministerio Público.

En segundo lugar, debemos destacar, que el Ministerio Público actualmente goza de independencia funcional, por mandato expreso del artículo 170 de la Constitución. Es decir que, si bien la designación del Procurador General de la República es una atribución del Presidente de la República, nada impide a este funcionario actuar con entera independencia funcional, acogiéndose al mandato constitucional señalado, tal y como ocurre en la actualidad, según lo entienden amplios sectores de la sociedad.

Expuesto lo anterior, nos enfocaremos en lo que se pretende reformar sobre el Procurador General de la República. Al respecto, el proyecto de reforma constitucional se propone cambiar la modalidad de elección de este funcionario, para que en lugar de ser designado por decreto del Presidente de la República, esa atribución recaiga sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, a partir de una propuesta hecha por el Primer Mandatario.

Nos parece que ese nuevo mecanismo de elección entra en contradicción con los motivos que invoca el mismo proyecto de reforma. Ello es así porque, si bien la designación la haría el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente de la República, además de que este órgano está dominado por el partido de gobierno, por la mayoría de votos con que generalmente cuenta. Y eso no es todo: la mayor contradicción del proyecto radica en que se otorga al Primer Mandatario la facultad de proponer una sola persona, no una terna, como suele hacerse. De implementarse este nuevo mecanismo, seguiría existiendo el defecto que se invoca, para justificar la necesidad de la reforma constitucional.

B. Reducción del número de diputados

Quienes favorecen la reforma constitucional argumentan que el número actual de diputados no es razonable porque países con mayor densidad poblacional tienen un número menor. Entiendo que el elemento elegido para hacer la comparación es relevante, pero no es el único que debe tomarse en cuenta. El método comparativo puede ayudar a tomar decisiones aceptadas, pero ello supone tener en cuenta la realidad total de cada país.

Importa señalar, en este sentido, que la sociedad dominicana está creciendo y seguirá creciendo y que, por tanto, los problemas que derivan de la convivencia social son cada día más complejos, lo que parece indicar que la solución al tema planteado no es la reducción del número de diputados en el Congreso Nacional, sino su congelación. De hecho, esta solución está contemplada en la Constitución, cuyo artículo 81 dispone que la cantidad de diputados no puede ser superior a 190.

C. Unificación de las Elecciones

Entiendo que las razones que justificaron la separación de las elecciones presidenciales y congresuales de las municipales siguen siendo válidas. Cuando las elecciones se realizan separadamente se facilita el desarrollo de los líderes comunitarios y municipales, porque desaparece o disminuye el efecto arrastre que produce la figura de la candidatura presidencial. Si este objetivo no se ha logrado –como se afirma– lo que procede no es cambiar el sistema, sino determinar qué está fallando e implementar las soluciones correspondientes. El cambio propuesto descansa en la arraigada costumbre de pensar que siempre que una institución no funciona el problema se resuelve modificando o derogando la norma que crea la institución, sin tomar en cuenta que el problema pudiera ser de los entes, quienes, con frecuencia, desnaturalizan su funcionamiento: ningún sistema puede funcionar y producir los frutos esperados si no existe la convicción y el compromiso de su adecuada y eficiente implementación.