Designación del procurador dominicano y la realidad del caso guatemalteco

El pasado 18 de diciembre de 2023, “La Semanal” tuvo un invitado especial para compartir el escenario con el presidente Luis Abinader. Se trató de Bernardo Arévalo, quien sorprendentemente había ganado las elecciones guatemaltecas, alcanzando 60.91% de los votos para convertirse en el presidente electo, supuesto a tomar posesión en enero 2024 tras un largo período de transición. En un contexto normal, esta visita habría sido protocolar, estrechando vínculos entre un gobierno consolidado y uno entrante, llamados a compartir en espacios como el DR-CAFTA, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Organización de Estados Americanos (OEA) entre otros, pero no fue así.

Más bien, la visita fue en un panorama que podemos describir con varios adjetivos negativos, ninguno de los cuales siquiera se asemeja a la normalidad. Al contrario, hasta el último minuto, no se sabía si el hombre que por derecho le correspondía asumir como Jefe de Estado por voluntad ciudadana mayoritaria podría hacerlo. Una conjugación de intereses con la meta de socavar la democracia utilizaron su control sobre instituciones públicas para bloquearlo y al llegar a nuestro país, el presidente legítimamente electo de los “chapines” buscaba apoyo. Lo recibió de la manera más clara e inequívoca posible, cuando el primer mandatario de los dominicanos resaltó:

“Hemos expresado nuestro enérgico rechazo a esta pretensión ilegítima que intenta revertir la decisión mayoritaria del pueblo guatemalteco. Ningún poder del Estado tiene el derecho de imponerse sobre la legitimidad absoluta que representa la voluntad popular libremente expresada. Los embates recientes contra el proceso democrático en su país nos recuerdan que debemos siempre estar vigilantes y que la democracia nunca puede darse por sentado, requiere un esfuerzo mancomunado. Le manifestamos a usted, presidente Arévalo y al pueblo guatemalteco, nuestra firme disposición de acompañarlo en la defensa de la institucionalidad.”

Volviendo a escuchar esas palabras acompañadas de acciones por parte del presidente, aún me lleno de emoción pues aunque nunca tengo dudas, nuevamente muestra la vigencia del tercer pilar de la política exterior en el gobierno del cambio que he integrado. Este es, la promoción así como la defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Dentro de nuestras limitaciones como país de ingreso medio, pero con toda la responsabilidad latinoamericanista.

Aunque finalmente Arévalo sí logró investirse como manda la ley, sigue siendo acosado constantemente por un Ministerio Público que es independiente del Ejecutivo, a la vez que altamente dependiente de sectores oscuros. Eso, legítimamente ha llevado a algunos juristas dominicanos a cuestionar la conveniencia de modificar el proceso de designación de la jefatura directa en nuestra Procuraduría General. Entienden que fijar la inamovilidad y quitarle la facultad al presidente de libre remoción por decreto podría llevarnos a una situación parecida a la de los guatemaltecos. El debate es siempre enriquecedor, por lo que creo útil esta conversación, ayudando la misma a que el texto pondere muchos escenarios posibles, tanto positivos como negativos y así disminuir riesgos.

Veamos pues algunos puntos que en opinión de quien escribe, hacen muy diferentes un caso y otro. En Guatemala, la persona que encabece la Fiscalía General de la Nación será nombrada por el presidente de entre una nómina compuesta por seis candidaturas a propuesta de la comisión postuladora que integran: las presidencias de la Corte Suprema y de la junta directiva del Colegio de Abogados además de su tribunal de honor, al igual que los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país. Esto se hace a mitad del gobierno y la designación tiene duración de cuatro años con posibilidad de reelección. De la única manera que puede ser removida la persona es por haber cometido un delito doloso y tener una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.

En la práctica, esto hace casi imposible que sea sustituida y el resultado funesto está ahí, inestabilizando. Dicho predicamento no fue ignorado en la redacción de la reforma propuesta en República Dominicana, el cual difiere bastante en los puntos clave.  

El lunes 19 de agosto, el país conoció de parte de parte del PE cómo pasaría a ser designada la jefatura de la Procuraduría. Dicho proceso consistirá en que al inicio de cada cuatrienio, el presidente nominará a una persona que deberá ser avalada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para un período de dos años, pudiendo optar por repetir y dejando abierta la posibilidad de juicio político. Ya esta persona no tendría asiento en el órgano que pasaría a designarla, variando la composición establecida en la constitución de 2010.

No hay mucha forma de que suceda algo similar a Guatemala, pues cada presidente podrá nominar una persona al inicio de período y si deviniera una situación dramática, el juicio político podría frenarlo. Desde luego, más de uno ironiza que no tenemos mucha cultura de sometimientos políticos contra funcionarios en nuestro país y que un procurador podría utilizar este nuevo poder para intimidar cualquier intento. Pero ese lúgubre pronóstico no toma en consideración la madurez política que vamos adquiriendo como nación y el desincentivo a la locura que significa saber lo que puede suceder si te alejas del marco institucional.

Otros han dicho que sería preferible un proceso similar al de los embajadores, quienes son designados por decreto y luego deben ser ratificados por el Senado. Eso sería bastante cómodo para cualquier ejecutivo, pero no toma en consideración que durante los últimos 26 años, el partido en el poder generalmente ha concentrado entre 80% y 100% de la Cámara Alta. El presidente Abinader busca limitar la discrecionalidad y no es lo mismo, por ejemplo, tener 29 de 32 votos en el pleno como sucede ahora con el oficialismo, que pasar a ser 3 de 7 en el CNM.

De manera inédita, nuestro gobernante está equilibrando los poderes, pensando en el porvenir y no sólo en lo que conviene al mapa de hoy, digno de la convicción republicana que lo ha caracterizado. Reitero que el debate ayuda a ver el recuadro completo, pero sostengo que la propuesta presentada es la que mejor aborda la necesidad de menos discrecionalidad presidencial sin caer en el boicot absolutista de otras latitudes.