El proselitismo nacional posterga las decisiones
Tras la ocurrencia de los últimos hechos trágicos en el país, se ha abierto la posibilidad de realizar la primera reforma de la Ley 63-17 de febrero de 2017.
Esta efervescencia se sumaría a la ola de reformas que el gobierno central trata de levantar en las Cámaras Legislativas y en la sociedad nacional con visibles señales continuistas.
La verdad es que el proselitismo criollo no nos deja avanzar, porque él posterga las decisiones sin evaluarse los beneficios que dejan a la posteridad.
Me sorprende que renombrados tratadistas jurídicos hayan sesgado los debates y comentarios, la oportuna inclusión de la seguridad vial en el centenario código penal dominicano, por la razón que fuese. No existen los términos seguridad vial ni movilidad en dicho Código de Ley, del cual tanto se ha criticado sin efectividad hasta entonces, pese a ser aprobada recientemente en la Cámara del Senado.
De la Ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial nos ufanamos como si fuera la última “coca cola del desierto”, segándonos para no abordar temas cruciales que podrían cuestionarla seriamente. De manera especial relativo a la parte jurídica, sancionatoria y recaudatoria, asuntos que también debieran considerarse en la Reforma Fiscal en la actual discusión debido a la alta ocurrencia de violaciones a la Ley y la baja eficiencia del sistema de autoridad imperante.
En más de 7 años de entrada en vigencia de dicha Ley, nuestras autoridades no han podido crear las condiciones que ella exige para aplicarla con eficacia en muchas partes sensibles; como también se obvió en su promulgación figuras jurídicas de importancia capital, propias de los avances experimentados en el tema que nos envuelve. Motivando un estancamiento y un cúmulo de muy alto costo social y económico al no lograrse que prevalezca la voluntad política, insisto.
Nos enfocamos en temas que pudieran considerarse demandados por más de dos décadas, olvidando otros que nos colocarían a la par con los países avanzados, donde las experiencias de buenas prácticas está trascendiendo hasta en Leyes Supremas, cual es el caso de México que modificó en el 2020 su Ley de Leyes para integrar el término MOVILIDAD correspondiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al atender reclamos de la sociedad.
Tampoco en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 de República Dominicana donde se destaca la ausencia de los términos Seguridad Vial y de Movilidad por falta de comprensión de la problemática tan vital para el desarrollo humano.
Me sorprende cuando son noticias recientes de primera plana informes estadísticos de las agencia fiscalizadora los que fueran resultados de investigación hace 14 años, insinuándome un retraso en la inacción y/o asimilación de las informaciones relevantes de parte de nuestra autoridades.
Penosamente en ese período transcurrido se han producido sobre un millón 400 mil víctimas yendo a parar a hospitales y al INACIF, sin contar las hoy denominadas víctimas emocionales.
En materia legislativa y su aplicación es la española paradigma, al punto que en los últimos 25 años su Código Penal ha sido modificado 30 veces, igual cada año se actualiza la Ley de Circulación que regula la Seguridad Vial y el tránsito, convirtiendo a la sociedad española en un modelo mundial en materia de Movilidad Segura.