En tanto el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) avanza, sus afiliados se empoderan, asumiéndolo como derecho adquirido por una triple vía, a saber: el declarado por la Constitución, sobre el deber del Estado —recuérdese que la idea de Estado refiere al andamiaje social íntegro y que, por consiguiente, incluye al gobierno, a los agentes económicos, a las instituciones y a la sociedad civil— de garantizar la salud a la ciudadanía; segundo, el que norma la Ley 87-01 que crea y regula el SDSS, y tercero: el de mercado, comprado mediante el pago que para incluir a los trabajadores en el sistema realizan empleadores y empleados.
Este empoderamiento se está haciendo patente y quedando registrado en la medición de reclamos de los afiliados a los distintos regímenes de aseguramiento que dispensa el Seguro Familiar de Salud (SFS) del SDSS que lleva a cabo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
Entre los beneficios que la 87-01 consagra a favor de los trabajadores y la ciudadanía en general, los relativos a la salud revisten importancia de primer orden: por el impacto con que inciden en las personas. El cuido de la salud personal y familiar es el objetivo primario de padres y ciudadanos, e inicia con la alimentación, continúa con el abastecimiento de agua potable y electricidad y, finalmente, con el derecho a acceder a servicios médicos, hospitalarios, diagnósticos y farmacéuticos. De esta relevancia se desprende que las demandas de mejores servicios de salud y mayores coberturas en el Seguro Familiar de Salud (SFS) sean crecientes, al igual que la predisposición a gastar en ello, sin importar costos, aunque sí limitados por la capacidad de compra de los ingresos individuales y familiares.
Esta predisposición a auto preservar la vida y el bienestar físico impulsa la participación de las actividades de la salud en el PIB. Sin que la inflación parezca afectarla.
De hecho, en el primer trimestre de este corriente 2024, aunque estas actividades registraron un crecimiento de 4.74%, según el informe del Banco Central de la República Dominicana para el período, con una variación acumulada de 1.94%, su incidencia en la formación del PIB del trimestre fue 11.28%, superado sólo por los alimentos y bebidas no alcohólicas (16.07%), los hoteles y restaurantes (21.39%) y los bienes y servicios diversos (22.05%). En palabras simples: la salud reúne un conjunto de actividades económicas de bienes y servicios que ocupan el cuarto lugar entre aquellas que con mayor aporte al PIB nacional.
Sin embargo, respecto al 2023, este sector ralentizó. En el primer trimestre del año pasado creció 11.2% y en el del corriente, 4.4%, desacelerando 6.8%.
Esta variación incluye el crecimiento de 4.6% de la salud de mercado, debido, según el BanCentral, al incremento de los gastos de las administradoras de riesgos de salud (ARS) en el período, en tanto la salud pública aumentaba +3.8% por efecto de contratar más médicos y personal fijo “para cubrir las plazas vacantes con la puesta en marcha de nuevos hospitales y centros de atención primaria”.
En medio del avance derivado de crecer 4.4% después de haberlo hecho en +11.2% en igual trimestre del 2023, las quejas contra las ARS aumentan al punto que la incidencia de traspasos de ARS, que desde enero del 2015 hasta diciembre del 2022 habían registrado valores no significativos, desde enero del 2023 han empezado a describir una tendencia alcista de niveles preocupantes.
De tal modo, si desde enero del 2015 y durante los 32 trimestres transcurridos desde entonces hasta diciembre del 2022 los traspasos totalizaron, en promedio, 3.53 por trimestre, los ocurridos en los cinco trimestres transcurridos desde enero del 2023 a marzo del 2024 se dispararon a 236, incrementando 6,683%. O, lo que es igual, 65.83 veces.
La tabla que al respecto la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) publica en su portal y el gobierno dominicano comparte y socializa en su plataforma “Datos abiertos”, contabiliza esta información bajo una columna titulada “Traspaso por mala prestación de servicio”, lo cual no puede ser más ilustrativo y explícito.
Los traspasos de ARS por esta causa son muy superiores a los que ocurren por enfermedad o atención de alto costo o cirugía.
Estas, entre enero 2015 y diciembre 2022, promediaron 52.05 y entre enero 2023 y diciembre 2024, 61. Recuérdese que a través de la Dirección General de Medicamentos de Alto Costo, el Ministerio de Salud Pública dispensa a los afiliados al SDSS, de los regímenes subsidiado (RS) y contributivo (RC) del SFS, 106 medicamentos para diferentes padecimientos, en muchos casos catastróficos, por lo cual los afiliados al SFS del SDSS cuentan con una protección adicional, marginada del SDSS, vinculada a la salud pública, que les garantiza tales medicamentos.
Recordemos también que mediante la resolución No. 482-07 del 28 de octubre del 2019, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó, por instancia de la Sisalril, once nuevos medicamentos ambulatorios, dos (2) ellos de alto costo, 36 nuevos procedimientos e incrementó la cobertura por habitación a RD$300 mil.
Además, que posteriormente esa entidad incrementó a RD$1.57 millones el monto de cobertura continua para pacientes oncológicos. El artículo 1ro de la resolución No. 00249-2022 estableció “la gradualidad para la cobertura de Medicamentos Oncológicos incluyendo el tratamiento de tumoraciones benignas con tope de RD$2.09 millones para afiliados de nuevo ingreso” al SDSS.
De esta forma, el gobierno del Presidente Abinader y la gestión del doctor Jesús Feris Iglesias en Sisalril incrementaron la cobertura, mediante esta normativa, a favor de los afiliados que habían “agotado el tope”, llevado a RD$1 millón para tratamiento del cáncer después del 2019, antes de que entrara en vigencia la resolución 553-02, en RD$1.09 millones para suplirles “medicamentos de alto costo” para el tratamiento del Cáncer. Todo esto dentro del SDSS, una cobertura adicional a las disponibles mediante el programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública.
Resulta sintomático que las insatisfacciones con las ARS, crecientes en 6,683% desde enero del 2023, respecto a enero del 2015 y diciembre del 2022, se deban explícitamente, como indica el precitado registro de incidencias de la Sisalril, a mala prestación de servicio.
Esta cuantificación de la insatisfacción de los afiliados, que genera acciones de traspaso, constituye un importante indicador de que, en la seguridad de su salud anclada al SFS, la gente está tomando el toro por los cuernos.
La pregunta que procedería podría ser: y el gobierno del Estado y los representantes del pueblo en el Congreso, ¿cuándo pondrán cascabel a este gato?