Código Penal: Puerta abierta al peligro para la niñez y adolescencia
Hay avances y retrocesos en el nuevo Código Penal que se discute en el Congreso Nacional.
Este instrumento, en su artículo 123 párrafo III, plantea una preocupante ambigüedad, ya que establece que la corrección y disciplina ejercida por padres o tutores sobre sus hijos e hijas no se considerará violencia intrafamiliar, siempre y cuando no haya un patrón de abuso físico recurrente.
Este planteamiento parece contradecir la Ley 136-03, que en su artículo 12 establece claramente que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal.
La redacción del artículo 123 establece que, mientras la violencia no sea reiterada, no será penalizada.
Esto implica que un padre, madre o cuidador podría, en nombre de la disciplina, utilizar métodos violentos como partir la boca, quemar las manos o golpear de forma desproporcionada a los menores de edad, sin enfrentar sanciones legales a menos que estos actos se repitan varias veces.
Esta situación representa un riesgo significativo para los menores de edad, vulnerando directamente el artículo 56 de la constitución, que prioriza la protección contra todo tipo de abuso.
La Constitución dominicana es clara en su mandato: la familia, la sociedad y el Estado deben proteger a los menores de edad de toda forma de maltrato o violencia.
No obstante, el nuevo Código Penal parece ignorar este mandato, dejando a los niños, niñas y adolescentes expuestos a posibles abusos bajo el pretexto de la disciplina.
El artículo 56 de la constitución establece la obligación del Estado de proteger a los menores contra toda forma de abandono, abuso físico, psicológico, moral o sexual.
Sin embargo, el nuevo Código Penal, con sus vacíos y permisividad, podría minar estos esfuerzos de protección, creando un ambiente donde los límites y las consecuencias para los actos violentos no están claramente definidos.
Es necesaria una revisión y ajustes urgentes para evitar que los avances en el nuevo código se vean empañados por retrocesos en derechos fundamentales e inalienables como la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
La erradicación de cualquier forma de maltrato debe ser un compromiso irrenunciable del Estado, la familia y la sociedad, tal como lo consagra nuestra constitución.
La autora es periodista y politóloga